TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las cuatro personas reportadas capturadas de siete supuestamente involucradas en red de corrupción en la Secretaría de Salud, serán presentados a la audiencia de imputados en las próximas horas.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), interpuso una acusación contra la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, confirmó el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo.
Agregó que en la misma también figura la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño, la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero.
Asimismo, los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.
Sostuvo que la acusación de la UNAF contra Edna Yolany Batres Cruz, Gladys Hermelinda Paz Díaz y Benelio Alvarado Membreño es por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Mientras que contra Lolita Vanessa Cordero es por ocho delitos de fraude como cooperadora necesaria y ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios como autora.
Asimismo, contra Héctor Rolando Figueroa por nueve delitos de fraude como cooperador necesario, contra Luis Gerardo Zelaya por cinco delitos de fraude como cooperador necesario y contra Cristian Adolfo Sánchez por un delito de fraude como cooperador necesario.
Los hechos
Se detalló que los siete investigados serían parte de una red de corrupción, que entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras (L.7,885,450.00), mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.
De acuerdo a las investigaciones se comprobó que estas contrataciones se dieron en total violación a la ley y a las disposiciones generales de presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín y en los que se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público.
De igual forma, las investigaciones orientan que al final, tras la colusión y contubernio entre los exfuncionarios de la Secretaría de Salud y los tres empresarios acusados, las empresas que resultaron beneficiadas fueron: ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, así como una persona natural, determinándose además que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90 por ciento aproximadamente.
