FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Suspender una orden de captura en su contra en uno de los casos presentados en los tribunales de Honduras, busca el cuerpo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández.
En tanto, el cuerpo de representantes del exmandatario Hernández busca que éste se presente de forma voluntaria y que no se ejecute la orden de captura en su contra en un caso de corrupción por el manejo de fondos públicos.
Además, los abogados del exmandatario se apersonaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para indagar y realizar las gestiones para que la orden de captura no se cumpla garantizando que su cliente se someterá al proceso judicial.
En octubre de 2023, el Ministerio Público (MP) en Honduras presentó requerimiento fiscal en contra de ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa.
Según con la acusación del MP, el involucramiento del expresidente Hernández se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, además a la sociedad mercantil denominada “La Cachureca”, así como a sus gerentes de campaña departamentales.
Cabe señalar que, Hernández, fue indultado a finales del año 2025, por el presidente Donadl Trump, luego de ser condenado a 45 años por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
A la vez, trascendió que varios exfuncionarios del gabinete de Hernández, preparan su retorno a territorio hondureño.
Estos exfuncionarios han sido mencionados en expedientes de corrupción, algunos acusados en los tribunales y otros que aún no son requeridos por la justicia.
También ciertos exfuncionarios huyeron a Nicaragua y otros a EE.UU., para evadir algunas acusaciones por su gestión en la administración pública.
