La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales
Argentina asistió hoy a una condena histórica: un tribunal federal sentenció a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la nación, por defraudar al Estado: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La cifra del dinero desviado impresiona: 1.000 millones de dólares.
«Se la considera autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», leyó el presidente del tribunal, que absolvió a la ex presidenta del delito de «asociación ilícita».
Nunca antes en Argentina un vicepresidente en ejercicio había sido condenado por la Justicia. En el caso de Fernández de Kirchner, de 69 años, la sentencia cobra un significado aún mayor, porque se trata de la dirigente más influyente y polarizadora de las últimas dos décadas en el país.
La fiscalía pedía 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero el Tribunal Oral Federal 2 determinó que fueran la mitad. En el momento de ser condenada, Fernández de Kirchner estaba en ejercicio de la Presidencia de la Nación, ya que el jefe de Estado, Alberto Fernández, viajó este martes a Montevideo, Uruguay, para asistir a la Cumbre del Mercosur. La relación entre el presidente y la vicepresidente rebosa de tensión y el diálogo es escaso.
Pese a la condena, Fernández de Kirchner no ingresará en prisión: tiene la posibilidad de apelar y está además protegida por fueros especiales como vicepresidenta. En el caso de que en las instancias de apelación se confirme la condena, la prisión sería domiciliaria, beneficio que tienen en Argentina aquellos que superan los 70 años de edad.
Tras la lectura de la sentencia, Fernández de Kirchner tenía previsto hablar en sus redes sociales. La dos veces presidenta (2007-2015) ha venido denunciando que la sentencia ya estaba «escrita» y que se la persigue desde una alianza entre el «poder real», la política y la justicia que resume en un vocablo: lawfare.
Días atrás, la viuda de Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007, fue menos sutil: dijo estar no ya ante una sentencia judicial, sino ante un «pelotón de fusilamiento». La metáfora no es casual: el 1 de septiembre un hombre puso una pistola sobre su rostro. Disparó y la bala no salió, pero la ex presidenta está convencida de que hay poderes que la quieren eliminar, ya sea por la vía judicial o por la vía física.
La sentencia llegó en un día de abrumador calor en Buenos Aires y en una semana en la que los argentinos tenían puesto su interés en dos temas: la sentencia en el juicio a la vicepresidenta y la suerte de la selección nacional de fútbol este viernes en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos. Cristina Kirchner y Lionel Messi como protagonistas del ardiente final de la primavera austral.
Las horas previas a conocerse la sentencia fueron más que difíciles en el centro de la capital argentina. Grupos piqueteros cortaron el tránsito en la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de Buenos Aires, y amenazaron con pasar la noche allí en tiendas de campaña. Respaldaban así a Fernández de Kirchner, que tuvo también el apoyo de un par de centenares de manifestantes ante la sede de los Tribunales Federales, en los que ella no se hizo presente.
¿Cómo llegó a esta situación la líder política más decisiva de las últimas dos décadas en la tercera economía de América Latina?
El fallo confirmó que la vicepresidenta de Alberto Fernández encabezó durante sus dos presidencias un sistema que, a través de contratos de obra pública, defraudaba al Estado mediante el direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia patagónica de Santa Cruz, que los Kirchner controlan desde hace tres décadas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola afirmaron que las obras contratadas quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias. Lázaro Báez, el hombre que pasó de simple cajero en el Banco de Santa Cruz a magnate de la construcción, recibía todos los contratos. Por distintas vías ese dinero llegaba luego a los Kirchner.
Para hacer el desvío de fondos, «de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y de su esposa», detalló Luciani.
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, condena apelada por su defensa. En el caso fallado hoy, la condena fue de seis años.
Pese a las demoledoras evidencias de la fiscalía y a la sentencia del Tribunal Federal, hay un grupo muy importante de argentinos que cree que Cristina, como se la conoce popularmente en el país, es víctima de una conspiración y totalmente inocente de los cargos de que se la acusan. Y hay otro sector que sostiene una postura similar, aunque con matices: sí, Cristina y su marido pueden haber robado, pero para hacer política y sostener el «proyecto nacional y popular» se necesita «caja», dinero para enfrentar a los poderes establecidos.
Para muchos otros argentinos, en buena parte votantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, la condena a Fernández de Kirchner es un hecho que se celebró con la intensidad y la alegría de una victoria en el Mundial.
La condena en el caso de desvío de fondos para la obra pública tiene un efecto colateral muy importante: la sentencia y las pruebas que figuran en ella pueden servir de base para activar otros procesos judiciales en los que está envuelta la vicepresidenta, y que también involucran a sus hijos. Máximo es diputado nacional, por lo que dispone de fueros, pero Florencia no tiene actividad política y no goza de esa protección especial. Esa situación es, dicen aquellos que conocen a la ex presidenta, el asunto que más la preocupa.
