- Exfiscal general adjunto cuestiona legalidad y advierte sobre el respeto a la Constitución, mientras el Congreso destituye a Zelaya y juramenta de inmediato a su sucesor
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El exfiscal general adjunto Daniel Arturo Sibrián Bueso reaccionó con contundencia a la destitución de Johel Antonio Zelaya Álvarez, lanzando duras críticas sobre su permanencia en el cargo y poniendo en entredicho el respeto a la legalidad en el país.
A través de su cuenta en la red social X, Sibrián expresó un mensaje directo y lapidario: “Queda demostrado: ningún ciudadano capaz de aceptar una designación espuria es merecedor de fungir en un cargo público de tan alta dignidad; el respeto a la Constitución y la ley debe ser la norma. Quienes la irrespetan no concluyen y terminan como usted. Dura lex, sed lex”.
El pronunciamiento surge en medio de la crisis institucional que rodea la salida de Zelaya, quien previamente informó haber presentado un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción ante la Secretaría del Congreso Nacional de Honduras.
Según el exfuncionario, de existir apego a la ley, dicho recurso debía ser remitido de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la noche del miércoles, el Congreso Nacional decidió destituir por mayoría a Zelaya mediante un juicio político, en una sesión marcada por la polémica.
La decisión se concretó luego de que el entonces fiscal general optara por no presentarse ante el pleno legislativo, al considerar que el resultado del proceso ya estaba definido.
Tras la destitución, el Legislativo actuó con rapidez y procedió a juramentar como nuevo fiscal general a Pablo Emilio Reyes Theodore, quien asumió el cargo en sustitución de Zelaya en medio de cuestionamientos y reacciones divididas.
El caso ha generado un intenso debate en los ámbitos político y jurídico, donde diversos sectores han puesto sobre la mesa dudas sobre la legalidad del procedimiento y el respeto al orden constitucional.
Mientras tanto, las declaraciones de Sibrián añaden presión a un escenario ya marcado por la confrontación institucional y la incertidumbre sobre el rumbo del sistema de justicia en Honduras.
