- La medida beneficiará a contratados del actual gobierno, pero analistas advierten que puede convertirse en una bomba fiscal y política para el próximo mandato.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Gobierno de Honduras publicó en el Diario Oficial La Gaceta un decreto que garantiza el reconocimiento de la antigüedad laboral a los empleados públicos que iniciaron trabajando por contrato y luego obtuvieron un nombramiento permanente, siempre que hayan mantenido continuidad en la misma institución, aunque sea en otro cargo.
Según el documento, la disposición busca garantizar el pago correcto de cesantías y vacaciones, otorgando seguridad jurídica a quienes han laborado de forma continua bajo distintas modalidades de contratación.
El decreto aplica a instituciones que antes administraban su personal fuera del régimen del servicio civil, pero que posteriormente hicieron su transición hacia dicho régimen.
Entró en vigencia de inmediato y deberá ser implementado en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Entre la justicia laboral y el cálculo político
Aunque el Ejecutivo sostiene que se trata de un acto de justicia laboral para miles de trabajadores que por años han servido al Estado sin reconocimiento pleno de su tiempo total de servicio, el contexto político en que se emite el decreto ha despertado suspicacias.
La medida llega 45 días antes de las elecciones generales de 2025, en un momento en que el gobierno de Xiomara Castro enfrenta un desgaste político evidente, con crecientes tensiones dentro del sector público y reclamos por estabilidad laboral.
Diversos analistas interpretan el decreto como un intento del Ejecutivo por blindar a su base burocrática y asegurar fidelidades dentro del aparato estatal en caso de una eventual derrota electoral.
“Estas decisiones en la recta final de un gobierno suelen tener más peso político que técnico. Si implica reconocimiento retroactivo, el impacto fiscal podría ser considerable y terminar comprometiendo las finanzas del próximo gobierno”, señaló un analista consultado por este medio.
Oposición: “Todo por los votos que se les escapan”
La reacción desde la oposición no se hizo esperar. La diputada nacionalista y actual candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, cuestionó duramente la intención del Gobierno al publicar el decreto.
“Todo por los votos en blanco y nulos que los tienen haciendo malabares… ¿Se acuerdan? No quisieron aprobar los acuerdos laborales para nuestra gente porque se basaron en ideología y no en el derecho constitucional al trabajo. Hoy, el mismo gobierno que se negó a hacerlo, pretende —por medio de un PCM— asegurar votos dentro de su propia militancia. Irónico, ¿no?”, escribió en su cuenta de X.
Mejía recordó que fue el propio Gobierno de Xiomara Castro el que impuso contratos de 200 días “para evitar compromisos financieros institucionales”, y que ahora, ante la cercanía electoral, busca congraciarse con los empleados públicos que se sienten traicionados.
Un decreto con costo político y fiscal
El nuevo beneficio, aunque limitado a efectos de cesantía y vacaciones, podría representar una carga económica significativa para el Estado si se traduce en un reconocimiento retroactivo de derechos acumulados.
Expertos advierten que las instituciones deberán calcular cuidadosamente los pasivos laborales, lo que podría afectar los presupuestos del 2026 y años posteriores. Además, el decreto podría generar conflictos administrativos al momento de determinar quiénes califican realmente para el beneficio y bajo qué condiciones.
En el plano político, la medida reaviva el debate sobre el uso del aparato estatal con fines partidarios. Mientras el Gobierno la presenta como una muestra de solidaridad con los trabajadores públicos, sus críticos la califican como una maniobra de supervivencia electoral.
El decreto que reconoce la antigüedad laboral de los empleados públicos se presenta como un acto de justicia y legalidad, pero en la práctica abre una nueva discusión sobre la línea que separa la política social del cálculo electoral.
A pocos días de los comicios generales, el Gobierno de Xiomara Castro parece haber elegido proteger a su base más cercana: los empleados del sector público.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿se trata de justicia laboral… o de una estrategia para asegurar lealtades en las urnas?
