• La designada presidencial pasó de calificar como “injustos” los subsidios y exigir eliminar el impuesto a los combustibles, a respaldar que el Estado absorba el impacto del aumento
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La actual designada presidencial, María Antonieta Mejía, se encuentra en el centro de la polémica tras evidenciarse un cambio radical en su postura sobre las políticas relacionadas con los combustibles, uno de los temas más sensibles para la economía de los hondureños en la actualidad.
En su más reciente publicación, la funcionaria defendió las acciones del Gobierno ante el incremento en los precios, asegurando que el alza responde a factores internacionales y que el Estado está actuando para proteger a la población.
Entre las medidas destacadas, Mejía mencionó la absorción del 50% del impacto del aumento, una decisión que en la práctica representa un subsidio para amortiguar el golpe económico en las familias.
“Mientras algunos simplifican, nosotros actuamos”, afirmó.
Un pasado que hoy la contradice
No obstante, en 2022, la postura de Mejía era completamente distinta.
En ese momento, no solo exigía la eliminación del impuesto a los combustibles, sino que además rechazaba de forma explícita los subsidios generalizados.
“Un subsidio general me parece injusto, se requiere de una estrategia de focalización”, escribió entonces, en un mensaje acompañado de críticas políticas y consignas como #ElPuebloYaNoAguanta.
La diferencia entre ambas posiciones ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso, ya que la medida que hoy respalda —que el Estado absorba parte del alza— encaja precisamente en el tipo de subsidio que antes consideraba inadecuado.
Del discurso opositor a la defensa del Gobierno
El contraste pone en evidencia una transformación en su narrativa: de una postura crítica, enfocada en reducir impuestos y evitar subsidios amplios, a una defensa de medidas estatales que implican intervención directa en los precios.
Para sectores críticos, este giro refleja un doble discurso condicionado por el paso de la oposición al ejercicio del poder. Para otros, responde a la necesidad de tomar decisiones pragmáticas frente a una crisis internacional que impacta directamente a Honduras.
La carga sigue en el ciudadano
Más allá del debate político, el incremento en los combustibles continúa trasladándose al costo de vida, afectando transporte, alimentos y servicios básicos.
En ese escenario, el cambio de postura de figuras públicas no solo reabre el debate sobre las políticas económicas, sino también sobre la coherencia y credibilidad en el ejercicio del poder.
La pregunta clave: ¿Es una evolución de criterio ante nuevas circunstancias…
o una contradicción que evidencia cómo cambia el discurso cuando se gobierna?
Mientras tanto, el impacto sigue siendo el mismo: el bolsillo de los hondureños.
