- Designada presidencial afirma que hay pruebas “a la vista del país” contra Johel Zelaya y pide ampliar responsabilidades a otros altos funcionarios
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció sobre el proceso de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, asegurando que existen argumentos “sólidos y bien fundamentados” para que el Congreso Nacional avance con el procedimiento.
Mejía sostuvo que las denuncias en contra del fiscal son de conocimiento público, al punto que —según afirmó— cualquier ciudadano podría dar testimonio sobre los hechos cuestionados.
“Los actos han ocurrido a la vista de toda la nación”, enfatizó, respaldando la legitimidad del proceso.
Un proceso bajo el rigor de la ley
La funcionaria subrayó que el juicio político debe desarrollarse respetando el debido proceso y el marco legal vigente, destacando el rol clave que tendrá la comisión especial integrada por nueve diputados en la fase investigativa.
En ese sentido, consideró positivo que el acusado tenga la oportunidad de defenderse. “Es importante que él esté tranquilo para que pueda ejercer su defensa. Lo que buscamos es sentar un precedente histórico y que ningún funcionario, de ningún partido, abuse del poder”, expresó.
“Deben irse todos”: llamado a ampliar el proceso
La postura de Mejía va más allá del caso del fiscal general. La designada fue enfática en señalar que este juicio político debe marcar el inicio de una “limpieza institucional” en el país, incluyendo a otros funcionarios señalados por presuntamente atentar contra la democracia.
Entre los nombres que mencionó figuran el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando; y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán.
“Deben irse todos, absolutamente todos aquellos que atentaron contra la democracia. Nadie está por encima de la ley”, sentenció.
Llamado al Congreso Nacional
Finalmente, Mejía recordó que el juicio político es un mecanismo constitucional establecido y no una figura improvisada, por lo que instó a los diputados del Congreso Nacional a actuar con responsabilidad y firmeza en las etapas siguientes del proceso.
“Esto apenas comienza. Esperamos que los legisladores no cedan a presiones políticas y actúen en favor del fortalecimiento de la institucionalidad que el pueblo hondureño demanda”, concluyó.
