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miércoles, octubre 30, 2024
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Declaran “Con Lugar” el comiso definitivo de más de siete millones de lempiras del exministro de la Presidencia, Ebal Díaz

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Autoridades del Ministerio Público puntualizaron que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), fue notificada de la ratificación del comiso definitivo de siete cuentas bancarias del exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Jair Díaz Lupian que suman un total de L 7, 045,098.24.

Aquí el comunicado oficial:

En audiencia de lectura de sentencia el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), fue notificada de la ratificación del comiso definitivo de siete cuentas bancarias, cuyo titular de derecho es el exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Jair Díaz Lupian.

Fiscales de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la FESCCO, presentaron en el mes de agosto, durante el juicio de privación, los medios de prueba documentales y periciales, con los que sustentaron la petición del MP para lograr el fallo que se decretó el pasado 10 de septiembre, de más de siete millones de lempiras (L 7, 045,098.24) a favor del Estado de Honduras.

El planteamiento se fundamentó en la Ley Sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, específicamente en el artículo 11 y sus causales 1,2 y 3, que expresa que se procederá a la acción de privación definitiva del dominio cuando no se tenga causa o justificación económica legal de su procedencia, del incremento patrimonial sin justificación y cuando el interesado o afectado no logre justificar el origen lícito.

Las siete cuentas bancarias que el Ministerio Público obtuvo el comiso definitivo manejaron en su momento un monto aproximado de más de 51 millones de lempiras (L. 51,500.554.55).

Recordar que el pasado 30 de julio el propio Fiscal General, abogado Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lupian y 14 personas más, por el megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas, que fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno anterior.

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