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martes, enero 27, 2026

Defensa de Amílcar Hernández cuestiona decisión judicial: “Mandar a un hombre en silla de ruedas a Támara es inhumano”

  • Los abogados critican que se rechazaran cauciones millonarias y medidas sustitutivas, y denuncian que el sistema judicial ignora la condición de salud y los derechos fundamentales de los imputados en el caso COMIXMUL.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El equipo de defensa del exmilitar Amílcar Hernández y de otros ocho imputados en el caso COMIXMUL criticó duramente este domingo las medidas dictadas por un juez, quien ordenó su envío a prisión preventiva pese a las condiciones de salud y edad avanzada de varios de los señalados por delitos de lavado de activos y estafa.

El abogado Carlos Padilla denunció que, aunque ofrecieron cauciones hasta por 12 millones de lempiras en bienes para obtener medidas sustitutivas a la prisión, la propuesta fue rechazada sin considerar el principio de humanidad. 

“Por consideración a la edad de muchos de los imputados, que tienen enfermedades bases delicadas, en el caso de don Amílcar, él está completamente inhabilitado, no se puede levantar de su silla de ruedas”, explicó.

Por su parte, la abogada Blanca Fortín calificó la resolución como desproporcionada e inhumana. 

“Cómo se pueden imaginar que van a mandar a alguien en silla de ruedas, que necesita que lo cuiden, que lo limpie, que lo sondeé, a Támara. A ese hombre lo pueden matar allá y al juez le pareció magnífico, no escuchó nada de lo que dijimos porque él ya venía listo a lo que venía a hacer”, expresó indignada.

Fortín también señaló que los imputados están siendo usados como “ejemplo político” en el marco del caso, lo que pone en riesgo no solo sus derechos individuales sino también los principios del debido proceso. 

“No podemos seguir con esta actitud pasiva. Cada vez que le violan el derecho fundamental de defensa a un hondureño, se lo violan a toda la sociedad”, advirtió.

El caso, que involucra a la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), ha reavivado el debate sobre la imparcialidad de la justicia hondureña y la utilización de medidas de prisión preventiva como mecanismo de presión, incluso contra personas con condiciones de salud críticas.

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