- Constitucionalista Oliver Erazo advierte que la CSJ cometería “el error jurídico más grande en la historia del país” al abrir proceso penal contra magistrados que solo pueden ser juzgados políticamente por el Congreso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El conflicto institucional que envuelve al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) alcanza un nuevo nivel de tensión.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo, defensor legal de los magistrados de ese órgano, advirtió que el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) representa un riesgo sin precedentes para la estructura republicana del país, en caso de ser admitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Si la Corte admite este requerimiento, cometerá el error jurídico más grande en la historia del país”, sostuvo Erazo, al catalogar la acción como un intento de quebrantar el orden constitucional hondureño.
La Fiscalía acusa a los magistrados del TJE de presuntas irregularidades al ordenar la inscripción de dos candidatos a diputados.
Sin embargo, la defensa sostiene que la vía judicial penal no es procedente y que el caso debe seguir el cauce previsto en la Carta Magna.
“La Constitución es clara: solo el Congreso puede juzgar a magistrados”
Erazo recordó que la Constitución de la República es categórica al establecer que los magistrados del TJE solo pueden ser sometidos a juicio político promovido por el Congreso Nacional, órgano que los elige y único facultado para evaluar su desempeño y responsabilidades.
“El juicio político contra los magistrados del TJE solo puede ser promovido por el Congreso Nacional. Esa prerrogativa está claramente establecida en el artículo 205, numeral 15, de la Constitución”, afirmó.
El jurista explicó que, tras la derogación de la figura de “formación de causa”, surgió un vacío legal que fue utilizado en su momento dentro del Código Procesal Penal.
Empero, enfatizó que dicho código es una ley ordinaria y, por tanto, inferior a la Constitución.
“Instrumentalización de la justicia”
Erazo también señaló la contradicción histórica de quienes ahora impulsan el requerimiento fiscal, recordando que fueron los mismos sectores que antes denunciaron persecución política en situaciones similares.
“La Comisión de la Verdad, tras los hechos de 2009, recomendó crear el juicio político para evitar justamente esto: la instrumentalización de la justicia y la persecución penal con fines políticos”, expresó.
Llamado a inadmitir el requerimiento
El abogado fue tajante al considerar que el proceso penal no debe avanzar y que este escenario constituye una alerta institucional comparable a momentos críticos del pasado reciente.
“Este requerimiento debe ser inadmitido. No es el momento procesal. Lo que vemos ahora es una versión 2.0 del quiebre institucional de 2009, pero más sofisticada, con un intento de que las instituciones de justicia asuman competencias que no les corresponden”, advirtió Erazo.
Según la defensa, una vez se conozca el contenido formal del requerimiento, se evaluará si existen garantías constitucionales y convencionales para que los magistrados comparezcan de manera voluntaria. No obstante, insistieron en que el proceso no debería ni siquiera estar en discusión.
Erazo concluyó señalando que una admisión del requerimiento por parte de la Corte implicaría una ruptura legal e institucional de proporciones históricas, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país a días de la celebración de elecciones generales.
