- La defensa del exdiputado liberal alega dificultades de comunicación y falta de tiempo para preparar su caso, mientras fiscales estadounidenses lo acusan de haber dejado un “legado de devastación” en Honduras.
EEUU.
El futuro judicial del exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios continúa en suspenso.
Su defensa solicitó un aplazamiento de la audiencia de sentencia prevista para el 4 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones de narcotráfico a gran escala.
En una carta enviada el pasado 2 de septiembre al juez Lewis A. Kaplan, la abogada Kristen M. Santillo pidió más tiempo para reunirse con su cliente en mejores condiciones y discutir a detalle la postura del Gobierno estadounidense.
Santillo explicó que pudo encontrarse con Martínez en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), pero que la comunicación resultó limitada porque el excongresista solo habla español y requiere la presencia de un intérprete.
Además, la reunión se vio interrumpida por el conteo carcelario, lo que redujo las posibilidades de revisar los argumentos de la Fiscalía, entregados apenas un día antes de la cita judicial.
“Martínez debe comprender plenamente las implicaciones del proceso antes de escuchar la sentencia”, señaló la abogada.
Posibles fechas de reprogramación
Tanto la defensa como la Fiscalía propusieron como nuevas fechas el 15 y 17 de septiembre, sin que el Gobierno se opusiera al cambio.
La decisión final, no obstante, está en manos del juez Kaplan.
La Fiscalía estadounidense ha solicitado que se imponga una condena no menor a 30 años de prisión, argumentando que la magnitud de la droga, la violencia y la corrupción en las que participó Martínez dejaron un “legado de devastación” en Honduras.
Por su parte, la defensa busca una pena de 144 meses (12 años), alegando que la sentencia debe ser proporcional y tomar en cuenta factores personales del exdiputado liberal.
Un caso que golpea a la narcopolítica hondureña
Más allá de los años de condena, analistas advierten que el proceso contra Martínez podría abrir una nueva etapa en la lucha judicial contra la narcopolítica hondureña, un fenómeno que desde hace más de una década mantiene vínculos documentados con figuras de alto perfil en el país.
Para muchos, el caso confirma que los tribunales estadounidenses se han convertido en el escenario donde se ventila la impunidad de la élite política hondureña, un capítulo que está lejos de cerrarse.