- Abogado Darwin García sostiene que sus testimonios son clave para esclarecer el procedimiento legislativo del decreto bajo la lupa por presunta colusión y desvío de fondos públicos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La defensa legal en el caso Chequesol solicitó que comparezcan como testigos el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el exsecretario del Legislativo, Carlos Zelaya, con el propósito de que expliquen el proceso de aprobación del decreto que dio origen al Fondo de Inversión Social.
De acuerdo con la petición presentada ante el tribunal, la intención es esclarecer cómo se gestionó y aprobó dicha normativa en el Congreso Nacional, un punto que se ha convertido en eje central de la investigación por presunta colusión y desvío de fondos públicos en el marco del caso.
El abogado defensor, Darwin García, detalló que la solicitud es “para efecto de que expliquen y aclaren qué procedimiento se siguió en el Congreso, cómo fue su aprobación y qué trámite se dio”, elementos que —según la defensa— resultan fundamentales para contextualizar los hechos y determinar el alcance de responsabilidad de los imputados.
García añadió que la investigación busca establecer si existieron actos de colusión tipificados en el Código Penal, por lo que conocer de primera mano el proceso legislativo permitiría al tribunal comprender no solo la génesis del decreto, sino también los pasos administrativos que se ejecutaron durante su implementación.
No obstante, será el juez que conoce la causa quien determine si se admite la solicitud y se cita formalmente a Redondo y Zelaya para que comparezcan ante el tribunal y expliquen cómo se aprobó el desembolso de fondos públicos.
Para la defensa, el testimonio del expresidente del Congreso y del exsecretario legislativo podría aportar claridad sobre la legalidad del procedimiento, los debates previos a la votación y la forma en que se oficializó el Fondo de Inversión Social.
El caso Chequesol continúa avanzando en los tribunales en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y el alcance de las decisiones adoptadas en el Poder Legislativo, mientras las partes procesales se preparan para una etapa probatoria que será determinante en el desenlace judicial.
