La plataforma advierte sobre una crisis institucional que, a su juicio, pone en riesgo la legitimidad de las elecciones generales de 2025. También señala la creciente politización de las Fuerzas Armadas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La plataforma ciudadana «Defensores de Honduras» solicitó formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicar los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, ante lo que considera una peligrosa intromisión de poderes del Estado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y un progresivo debilitamiento de las garantías democráticas en el país.
En una carta dirigida a la representante de la Secretaría General de la OEA en Honduras, Catherine Pogmat, el colectivo advirtió que la legitimidad del proceso electoral previsto para 2025 está siendo socavada por interferencias políticas que amenazan la independencia de los órganos electorales.
“Es imprescindible alertar sobre una serie de hechos que, de continuar sin respuesta, pondrán en grave riesgo la transparencia y credibilidad de las próximas elecciones generales”, señala el documento.
La plataforma también denuncia la politización de las Fuerzas Armadas, institución clave en la logística electoral, y pide a la comunidad internacional mantenerse vigilante frente a lo que catalogan como una erosión de los principios democráticos en el país.
Los firmantes exigen que la OEA haga uso de las herramientas que le otorga la Carta Democrática, a fin de evitar una regresión institucional que comprometa el derecho ciudadano a elecciones libres, justas y transparentes.
Aquí la carta completa enviada por “Defensores de Honduras”:
Nos dirigimos respetuosamente a ustedes como miembros de la Plataforma Defensores de Honduras, una coalición ciudadana comprometida con la defensa de la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la transparencia electoral en nuestro país.
En atención a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, de la cual Honduras es Estado parte, consideramos imprescindible alertar a la Organización de los Estados Americanos sobre una serie de hechos que ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral de 2025, el respeto a la voluntad popular y la estabilidad democrática en el país.
Durante las recientes elecciones internas, se produjeron graves irregularidades logísticas, particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde múltiples urnas fueron trasladadas sin control ni supervisión oficial, lo que provocó que el escrutinio en varios centros de votación comenzara hasta altas horas de la noche.
Esta situación fue atribuida a fallas operativas de las Fuerzas Armadas, institución responsable del resguardo y traslado del material electoral, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se hayan aplicado sanciones Tales hechos contravienen los principios de transparencia, equidad y certeza que deben regir todo proceso electoral y vulneran el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que establece como componentes esenciales de la democracia la celebración de elecciones libres y justas, y la separación e independencia de los poderes públicos.
Asimismo, denunciamos un preocupante desequilibrio institucional que favorece al partido oficialista, Libre, a pesar de ser una minoría en el Congreso Nacional.
Mediante alianzas y mecanismos de bloqueo parlamentario, se impide sistemáticamente que la oposición ejerza sus funciones constitucionales, negándole la posibilidad de presentar propuestas o discutir iniciativas El Congreso ha dejado de sesionar regularmente, lo cual paraliza el funcionamiento institucional, en contravención del Artículo 4 de la Carta Democrática, que establece la participación plural como componente esencial del ejercicio del poder.
Se suman a esto hechos concretos como la negativa del Congreso Nacional, bajo control del oficialismo, a debatir la renuncia de una consejera del CNE y a tramitar un decreto para ampliar los plazos de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), afectando directamente la transparencia electoral. Esto socava el Artículo 2.3 de la Carta, que exige a los Estados garantizar condiciones que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
El presidente del Congreso Nacional ha asumido funciones que corresponden al pleno legislativo, emitiendo declaraciones y decisiones unilaterales que convierten denuncias administrativas en causas penales, dirigiendo órdenes al Ministerio Público, lo que representa una extralimitación de funciones e intromisión en otros poderes del Estado.
El Ministerio Público ha iniciado acciones penales selectivas, coincidiendo con los intereses del partido de gobierno, desvirtuando su autonomía y violando el principio de legalidad y debido proceso consagrado en los Artículos 2 y 3 de la Carta Democrática.
Se evidencia una preocupante desviación del rol constitucional asignado a las Fuerzas Armadas. El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha adoptado un discurso abiertamente partidista, replicando señalamientos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y asumiendo posturas que comprometen su deber de neutralidad.
Esta conducta lo ha colocado en abierto conflicto con la autoridad electoral y vulnera el artículo 272 de la Constitución de la República, que establece que las Fuerzas Armadas «son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante» y que su papel en los procesos electorales se limita exclusivamente al resguardo y vigilancia del material y recintos electorales, bajo las órdenes del CNE.
Si bien la presidenta de la República ostenta legalmente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, el problema radica en que está ejerciendo ese rol jerárquico con una clara interferencia en el proceso electoral.
Ha emitido declaraciones públicas que descalifican al CNE y lo enfrentan políticamente, generando un ambiente de hostilidad institucional que el jefe del Estado Mayor Conjunto replica y refuerza.
Esta subordinación discursiva y operativa del alto mando militar a una narrativa política oficialista erosiona la autonomía del ente electoral, debilita el principio del control civil democrático y rompe con los contrapesos necesarios entre poderes, en abierta contradicción con el Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, que exige la separación e independencia de los poderes públicos y la sujeción de toda autoridad al orden constitucional.
Declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial, y figura dominante del partido de gobierno, indican la existencia de 30,000 «colectivos» dispuestos a actuar durante el proceso electoral.
Uno de sus voceros ha llegado a afirmar que «si es necesario tomar las armas, lo harán». Estas declaraciones constituyen una amenaza directa a los derechos políticos y a la convivencia pacífica, en abierta contradicción con los principios del Articulo 1 de la Carta.
En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Organización de los Estados Americanos:
1. Que mantenga una presencia activa de observación, acompañamiento y vigilancia durante todo el proceso electoral, en coherencia con el Artículo 23 de la Carta Democrática, que faculta a la OEA a brindar apoyo a los Estados miembros en la realización de procesos electorales justos y transparentes.
2. Que emita un pronunciamiento firme en defensa de la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), rechazando cualquier presión política o judicial indebida sobre sus miembros, tal como lo exige el Artículo 3 sobre la independencia de los poderes del Estado.
3. Que respalde técnica y políticamente las iniciativas ciudadanas de veeduría electoral, en consonancia con el Articulo 6 de la Carta, que reconoce el derecho y el deber de los ciudadanos de participar activamente en la vida democrática
4. Que promueva, en todos sus espacios de cooperación, el respeto a la Constitución, al Estado de derecho y la no injerencia de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. en el proceso electoral, conforme a los principios consagrados en los Artículos 2 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Reiteramos nuestra confianza en el papel vital que la OEA puede jugar en la prevención de una crisis institucional y electoral en Honduras. Su vigilancia, acompañamiento y compromiso con los valores democráticos pueden marcar la diferencia entre un proceso electoral libre y uno viciado por el abuso de poder.
