TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En cumplimiento de una instrucción directa de la presidenta Xiomara Castro, quien otorgó un plazo de 72 horas para esclarecer el uso de los fondos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el ministro de Transparencia, Sergio Vladimir Coello, compareció este viernes en cadena nacional para presentar un informe que destapa serias irregularidades en la ejecución del Fondo de Administración Solidaria, valorado en 950 millones de lempiras.
“El análisis técnico riguroso revela deficiencias relevantes en la información presentada, emisión de cheques, control interno, ejecución y liquidación del gasto”, declaró Coello, al referirse a los hallazgos sobre el manejo de los recursos, que fueron aprobados por el Congreso Nacional para los años fiscales 2023, 2024 y 2025.
El fondo tenía como propósito financiar infraestructura menor, obras sociales y becas en comunidades a través de patronatos, juntas de agua, alcaldías y otras organizaciones locales. No obstante, según el informe, fallas administrativas y financieras ponen en duda su correcta utilización.
Como respuesta inmediata, el funcionario anunció el desplazamiento de personal técnico a distintas zonas del país para realizar verificaciones físicas de los proyectos y beneficiarios.
Esta acción busca confirmar la ejecución real de las inversiones y prevenir el desvío o uso indebido de fondos públicos.
“La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción fue creada por mandato de la presidenta Castro precisamente para prevenir la corrupción y promover buenas prácticas de gobierno. Ratificamos nuestro compromiso con la ley y con el pueblo hondureño”, aseguró Coello.
El pronunciamiento ocurre en un clima de creciente desconfianza ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos, y representa un duro golpe a la imagen de transparencia que el actual gobierno ha tratado de proyectar desde su llegada al poder.
Además de generar presión sobre los responsables directos, el informe deja entrever una fragilidad institucional dentro de SEDESOL, que ahora deberá responder ante los cuestionamientos y someterse a un proceso de revisión bajo una lupa pública cada vez más exigente.
