TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó este jueves una denuncia formal ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), en la que exige una investigación urgente e integral sobre el presunto uso indebido de recursos públicos para favorecer candidaturas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre.
La denuncia —sustentada con evidencia audiovisual y documentos públicos— pone al descubierto lo que califican como una estrategia de clientelismo electoral financiado desde el Estado, a través de programas sociales, subvenciones legislativas, becas y obras menores, presuntamente instrumentalizados para fines proselitistas.
Uno de los hechos más alarmantes que sustenta la denuncia es la circulación de un video en redes sociales en el que se escucha a una diputada del partido oficialista Libre, quien busca la reelección, junto al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hablando sobre la entrega de kits valorados en más de 125,000 lempiras cada uno. La RDD advierte que esta práctica no solo representa una ventaja electoral indebida, sino que viola principios básicos de legalidad, transparencia y equidad, establecidos tanto por la normativa nacional como por estándares internacionales.
“No puede hablarse de elecciones libres cuando los recursos públicos se usan para manipular la voluntad popular. Es una amenaza directa a la democracia”, advirtió un representante de la RDD durante la entrega de la denuncia.
Fondos millonarios sin control
La denuncia también resalta la persistencia de las llamadas “subvenciones legislativas”, un mecanismo ampliamente cuestionado que sigue vigente pese a la derogación del decreto 116-2019. Solo hasta abril de este año, se han transferido más de 400 millones de lempiras bajo este concepto, sin evidencia pública de ejecución ni rendición de cuentas.
A esto se suma una partida presupuestaria autorizada en los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025 por hasta 950 millones de lempiras anuales, destinados a proyectos comunitarios e infraestructura menor, cuyos procesos de ejecución —según la RDD— carecen de transparencia y son susceptibles de ser utilizados con fines electorales.
“Estas asignaciones, aunque legales en su formulación, se convierten en armas políticas cuando no hay control real sobre su uso. En lugar de garantizar derechos, se usan para comprar lealtades”, subrayó la organización.
Candidatos sin cuentas claras
Otro punto clave de la denuncia es el incumplimiento masivo de las normas de financiamiento político. Según datos de la UFTF, 85 de los 1,283 candidatos electos en las primarias no presentaron sus informes financieros, lo que socava el principio de rendición de cuentas y pone en riesgo la integridad del proceso electoral.
¿Voluntad política para investigar?
La RDD fue recibida por el pleno de la UFTF, ante quienes expuso su preocupación y entregó evidencias. Aunque valoraron positivamente la apertura institucional, exigieron una respuesta firme y sin dilaciones por parte de las autoridades.
“Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la legitimidad misma del sistema democrático. Si permitimos que el clientelismo siga gobernando, la democracia seguirá perdiendo sentido”, concluyó el pronunciamiento de la organización.
