• Fundación 15 de Septiembre acusa a Javier Bú Soto de violentar los derechos de la diáspora hondureña y advierte que la crisis pone en riesgo las elecciones del 30 de noviembre.
La crisis por la entrega de documentos de identidad a los hondureños en el extranjero escaló este miércoles a un nuevo nivel.
La Fundación 15 de Septiembre presentó una denuncia formal ante el Congreso de Estados Unidos contra el canciller hondureño, Javier Bú Soto, señalándolo como responsable de la retención de unos 300,000 Documentos de Identificación Nacional (DNI).
El presidente de la influyente organización migrante, Juan Flores, advirtió que esta situación constituye una violación directa a los derechos humanos de la diáspora hondureña.
“La retención de los DNI violenta los derechos humanos de los migrantes hondureños”, expresó Flores, quien recordó que miles de compatriotas ya completaron su proceso de enrolamiento, pero no reciben su documento porque está bajo custodia de la cancillería.
Según Flores, esta retención afecta no solo la vida cotidiana de los hondureños en el exterior —quienes necesitan el documento para trámites legales, financieros y migratorios—, sino que también pone en grave riesgo su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Presión internacional
La denuncia fue llevada directamente al poder legislativo estadounidense, con el objetivo de generar presión diplomática sobre el gobierno hondureño.
“Esto pone en riesgo las elecciones en Honduras, y por eso hoy hemos hecho estas denuncias ante el Congreso de Estados Unidos”, afirmó Flores, confirmando que varios congresistas ya han sido informados del caso.
Responsabilidad actual
El líder migrante también exigió al canciller Bú Soto asumir su responsabilidad y adelantó su rechazo a posibles excusas oficiales.
“No queremos escuchar el argumento de que en su administración no se realizó el enrolamiento. La obligación de entregar los DNI es de las autoridades actuales, sin importar cuándo inició el trámite”, sentenció.
La Fundación 15 de Septiembre —considerada una de las voces más representativas de la diáspora hondureña en Estados Unidos— ha venido denunciando fallas sistemáticas en la entrega de documentos de identidad, pero esta es la primera vez que eleva una acusación directa contra el canciller ante instancias internacionales.
La cancillería hondureña no se ha pronunciado aún sobre la denuncia ni sobre el destino de los 300 mil documentos que, según Flores, permanecen retenidos.
