TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Estudio de ASJ muestra una ruta para incrementar la confianza ciudadana, mediante cambios no tan difíciles ni costosos de realizar.
WJP reveló resultados de El Estado de derecho en Honduras vinculados a la Policía, justicia penal y seguridad.
Tegucigalpa. La falta de confianza en la Policía Nacional es uno de los mayores retos que enfrenta la institucionalidad en el combate a la inseguridad; sin embargo, el contexto actual presenta oportunidades para adoptar medidas oportunas y estratégicas, señala el informe Detrás de la placa, presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El informe fue divulgado en el marco del evento “Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana”, realizado en conjunto con World Justice Project (WJP), que presentó El Estado de derecho en Honduras: hallazgos clave de la Encuesta de Población General 2021.
El estudio de ASJ se basa en 661 encuestas realizadas en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Copán, además de 51 entrevistas en profundidad, y recoge percepciones y observaciones sobre la gestión policial desde la perspectiva de víctimas, detenidos y policías en Honduras.
Entre sus hallazgos, destaca que, para 2020, siete de cada 10 hondureños desconfiaban de la Policía Nacional, lo que perpetúa y agrava los desafíos de eficiencia y profesionalismo de la institución.
Las víctimas han sido renuentes a denunciar, testificar y colaborar con la Policía, creando un ciclo vicioso donde homicidios y otros crímenes no se denuncian y no se resuelven. Romper este ciclo vicioso y aumentar la confianza ciudadana son factores clave para una buena gestión policial, apunta la ASJ.
Víctimas de crímenes contaron sus experiencias sobre el actuar de los policías en la escena del crimen, la recepción de denuncias e investigación del hecho criminal. De acuerdo al sondeo, en 79 % de los casos los policías hicieron preguntas sobre los hechos, 77 % se identificó con las víctimas, 59 % explicó lo que haría después y 56 % tomó notas de los relatos.
Con respecto a la atención al interponer una denuncia, alrededor de 72 % de los consultados dijeron que fue “muy buena” o “buena”, 21 % la calificaron como “regular” y 7 % como “mala” o “muy mala”. Cabe señalar que en las entrevistas destacó la preocupación de interponer una denuncia para que esta solo sea “engavetada”.
Por su parte, los detenidos sostuvieron en 79 % de los casos que el policía se identificó y 77 % conoció la causa de su detención. No obstante, 32 % aseguró que había sido golpeado por un uniformado y solo al 28 % le fueron informados sus derechos como ciudadanos.
Una vez trasladados a la celda de detención, recibir agua, comida y una llamada telefónica fue la excepción, no la regla. El 63 % no recibió comida ninguna vez durante su detención, solo al 28 % se le ofreció agua y apenas al 23 % una llamada telefónica.
El sondeo reveló también que los policías no tienen acceso a recursos básicos o información interinstitucional, como una libreta de apuntes, acceso a Internet, a un teléfono celular o municiones. De los policías entrevistados, 11 % dijo que alguna vez ha portado un arma sin munición durante su turno.
Otro punto abordado fue la vinculación de policías en actos criminales. Un 77 % de víctimas y detenidos, así como 63 % de policías, refirió que hay miembros del crimen organizado infiltrados en la institución.
Mientras solo 17 % de las víctimas y 18 % de los detenidos manifestó que después del proceso de depuración su confianza en la Policía ha aumentado, contra un 62 % de policías que opina lo mismo.
El informe plantea además otros temas como la revictimización, derechos humanos y condiciones laborales de los policías, así como recomendaciones como implementación de protocolos, distribución de recursos, condiciones laborales y procesos de comunicación interinstitucional, entre otros.
