TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La jueza Karla Romero, quien tomó notoriedad por ser la encargada de tomar la promesa de ley a la presidente Xiomara Castro el día que asumió el poder, el 27 de enero de 2022, fue despedida del Poder Judicial, confirmó ayer dicho ente del Estado.
Ante la polémica que ha generado su destitución, se refirió en las últimas horas la supervisora general de Tribunales, Suyapa Matute, quien explicó las causales por las que la funcionaria judicial fue separada de su cargo.
La funcionaria reveló las razones señalando que se tomaron acciones por conducir bajo los efectos del alcohol en la vía pública en dónde la exjueza sufrió un accidente de tránsito el pasado 31 de marzo del presente año en el Anillo Periférico.
“La funcionaria judicial el día de los hechos se conducía en su vehículo bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y esa es una de las razones por las cuales fue destituida del cargo”, detalló la titular de la supervisión de juzgados y tribunales.
“Otra de las causales fue precisamente el no cumplimiento de sus jornadas laborales”, pormenorizó la encargada cuando se justifica que una de las causales es el retardo en alguna de sus sentencias.
La supervisora general de Tribunales, Suyapa Matute, indicó que la determinación sobre la togada se realizó luego de una investigación exhaustiva y denuncias en su contra.
La fuente precisó que la prueba tomada fue la realizada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la cual se indicaba que había alcohol en su cuerpo.
“Es la prueba que tomó a bien valorar el ente administrativo para sancionar con la medida más gravosa a la señora jueza”, recalcó.
Matute comentó que ya existían medidas de sanción contra Romero, pues según se conoció, se ha documentado al menos 22 denuncias en su contra.
Cabe señalar que la jueza Romero este día denunció ante medios de comunicación que su despido es parte de una persecución política por no reconocer la presidencia de Luis Redondo en el Congreso Nacional y de interponer recursos de inconstitucionalidad en contra de la Amnistía Política, donde se liberaron cartas de libertad a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).
