TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, identificada como la compañera sentimental de Iván Abad Velásquez Castro, gerente general de la empresa Koriun Inversiones, permanecerá bajo detención judicial tras concluir este viernes su audiencia de declaración de imputado.
La resolución fue emitida por el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, el cual también fijó la audiencia inicial para el próximo lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana.
Gavarrete Sánchez será remitida a la cárcel de mujeres ubicada en Támara, en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán.
Gavarrete fue capturada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como parte de una investigación más amplia que involucra a la empresa Koriun Inversiones, la cual está siendo señalada por presunta captación irregular de fondos y posibles vínculos con una red delictiva.
La detención de Gavarrete se produce pocos días después de la captura de su pareja, Iván Velásquez Castro, ocurrida el pasado miércoles 14 de mayo. En ese caso, el Ministerio Público también presentó cargos en su contra, y el juzgado correspondiente dictó detención judicial mientras continúa el proceso penal.
De acuerdo a lo informado por autoridades de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), varias de las cuentas bancarias de Koriun estaban a nombre de Gavarrete Sánchez, por lo que sería otra de las imputadas en este caso de estafa tipo Ponzi.
La defensa de la imputada aceptó ante periodistas que la ahora imputada manejaba una cuenta que tenía un saldo de 5.8 millones de lempiras. Agregaron que existe otra orden de captura contra Marcos Adonis Villeda, un empleado de Koriun, a quien se le acusa por lavado de activos.
Aunque las autoridades no han detallado públicamente todos los cargos que enfrentan ambos imputados, el Ministerio Público ha confirmado que las investigaciones apuntan a una estructura financiera que presuntamente operaba al margen de la ley, afectando económicamente a un número aún no determinado de personas.
Este nuevo avance en el caso marca otro capítulo en la ofensiva del Estado contra redes criminales que operan bajo fachadas empresariales.
Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia a los posibles afectados.
