- SESAL evade responsabilidad y deja en incertidumbre a proveedores que sostuvieron un programa clave
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Una empresa de delivery que participó en el programa de distribución casa por casa de medicamentos enfrenta una deuda de al menos dos millones de lempiras, correspondiente a tres meses de servicio (octubre, noviembre y diciembre), sin que hasta ahora exista una respuesta clara de pago por parte del Estado.
Según denunciaron los afectados, el servicio fue contratado por la Secretaría de Salud (Sesal) y ejecutado con 150 motoristas, quienes absorbieron los costos operativos —combustible, mantenimiento y logística— con la promesa de un pago que nunca llegó.
Cruce de responsabilidades
La situación se agrava porque, de acuerdo con los manifestantes, la Sesal traslada ahora la obligación de pago a los hospitales, pese a que el contrato se realizó desde la institución central.
“A nosotros nos contrata la Sesal, pero ahora dice que quien tiene que pagar son los hospitales. No importa quién pague, tienen que saldar esta deuda”, expresó uno de los representantes durante la protesta.
Los denunciantes aseguran que solo el Hospital Santa Rosita cumplió con el pago de los primeros dos meses, mientras que el resto de los hospitales no ha acreditado ningún desembolso, dejando en el aire la continuidad financiera de la empresa y el sustento de decenas de familias.
Protesta indefinida
Ante la falta de respuestas formales, los trabajadores y representantes de la empresa mantienen una protesta frente a la Sesal y advierten que no se retirarán hasta que se concrete la acreditación total del pago correspondiente a los tres meses adeudados.
Un programa necesario, una gestión cuestionada
El programa de entrega domiciliaria fue presentado como una medida clave para facilitar el acceso a medicamentos, especialmente para pacientes con movilidad reducida.
Sin embargo, la falta de planificación financiera y claridad contractual pone en entredicho la gestión del proyecto y expone una práctica recurrente: proveedores que cumplen, pero el Estado incumple.
Mientras la deuda sigue sin resolverse, el caso evidencia fallas administrativas, posibles irregularidades en la ejecución presupuestaria y un impacto directo en la cadena de servicios de salud.
La pregunta persiste: ¿quién responde cuando la política pública se sostiene a crédito y sin garantías?
