TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción condenó con sentencias de reclusión, inhabilitación especial y pagos de multa a tres exfuncionarios del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Una de las imputadas de nombre Ashley Waldemar Portillo fue sentenciada a una pena de cuatro años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos, el pago de una multa de 233 mil 669.40 lempiras como una inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena.
Mientras que Wilfredo López Fúnez y Brenda Salgado Baca fueron condenados a título de autores a tres años de inhabilitación especial por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
La condena conlleva a que ambos no puedan ser directivos o auxiliares en dependencias que manejen fondos estatales.
No obstante, los hermanos Miguel Ángel Ponce Larios e Ingrid Yaneth Ponce Larios y Bertjha Lidia Larios fueron absueltos por el delito de malversación de caudales públicos a título de cómplices.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que estos tres encausados fueron absueltos debido a que se les prescribió la acción penal.
Según el expediente, Ashley Portillo Cristales, aprovechando el vínculo y la confianza depositada en él por parte de Brenda Salgado y Wilfredo Lopez, obtuvo los usuarios y contraseñas de acceso al sistema SIAFI de éstos lo que le permitió realizar de forma unilateral los tres pasos exigidos en los procesos de verificación, aprobación y firma para poder procesar los formularios FOI.
De esta forma, la imputada pudo gestionar varios pagos a favor de Miguel Ángel Ponce Larios e Ingrid Ponce Larios, mientras que Bertha Lidia Larios, madre de los hermanos Ponce Larios, y Claudia Brito, colaboraron con Portillo debido a su relación de amistad y le facilitaron su información personal y bancaria para poder recibir los fondos provenientes del FHIS.
Como producto de estas operaciones explicaron los jueces, el FHIS erogó la cantidad de 233 mil 669. 40 lempiras, sin tener los soportes legales necesarios en virtud que Miguel Ángel Ponce Larios, Ingrid Ponce Larios, Bertha Lidia Larios y Claudia Brito no prestaron ningún servicio para la institución así como tampoco suministraron ningún bien.
El Tribunal de Sentencia indica en cuanto al plazo de prescripción, que este es de cinco años, y siendo que los hechos ocurrieron entre marzo y octubre de 2009 y el requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio de 2019.
“Es evidente que a pesar de tener responsabilidad penal en los hechos objeto de juzgamiento las acciones emprendidas por el ente acusador ya se encontraban prescritas, por lo que no puede imponérseles pena alguna por esta circunstancia”, concluye la sentencia del Tribunal de Sentencia.
