TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para las nueve mujeres imputadas por la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra nueve integrantes de la pandilla 18 presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la cárcel femenina, cuyos crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2023.
Las pandilleras acusadas fueron identificadas como: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas ellas guardan prisión actualmente.
El 26 de enero, las nueve mujeres fueron presentadas en la audiencia de imputado, donde el juez les dictó detención judicial, por lo que la audiencia inicial se programó de forma virtual misma que culminó a altas horas de la noche y donde el juez dictó el auto de formal procesamiento.
En la audiencia, los fiscales de la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la FEDCV, presentaron suficientes elementos probatorios por lo que el juzgado de letras con jurisdicción nacional decidió que siguieran privadas de libertad y programó la audiencia preliminar para el 27 de febrero del año en curso.
De acuerdo a las diligencias de la Fiscalía en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), todo ocurrió a eso de las 7:45 de la mañana, en un hecho planificado las acusadas que permanecían en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, entre prohibidas y permitidas, objetos punzocortantes y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.
Acto seguido, las obligaron a ponerse boca abajo y luego las encerraron dentro del módulo 6 para proceder a ingresar a los otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria, mientras esto acontecía, otro grupo de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, en donde se encontraban las mujeres que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar.
Las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y como resultado de una planificación y de un actuar en conjunto, de manera sorpresiva procedieron a darle muerte a 23 privadas de libertad.
Mientras tanto, otras 23 reclusas al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran, sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego.
Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.
Para cometer los ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.
Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de individualizar a otras presuntas participantes de estos crímenes, para lo cual se trabaja en distintas pericias técnicas y científicas.
