Días antes, la Justicia electoral ecuatoriana la multó con 20 salarios básicos unificados, por incurrir en campaña anticipada en las Elecciones Seccionales de 2023.
ECUADOR.
(RT)- El Ministerio de Trabajo de Ecuador ha sancionado a la vicepresidenta del país, Verónica Abad, con la «suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días». La «falta grave» que ameritó la sanción fue «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos».
Una vez cumplido el plazo de la suspensión temporal, que corresponden a 150 días de trabajado incluidos sábados y domingos, Abad «deberá reincorporarse al lugar físico de trabajo que la autoridad administrativa disponga para el efecto», estipuló el Ministerio de Trabajo.
Los plazos de la sanción se alinean con el comienzo y el cierre de la campaña electoral para las elecciones de febrero, en las que el presidente Daniel Noboa aspira a la reelección. La Constitución ecuatoriana lo obliga a pedir licencia para hacer campaña, por lo que, de ley, le corresponde encargar la presidencia del país durante ese periodo a la actual vicepresidenta.
Hace unos días, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador multó a Abad con 20 salarios básicos unificados, es decir 8.500 dólares, al determinar que sí incurrió en campaña anticipada en las Elecciones Seccionales (locales y provinciales) de 2023. Sin embargo, la multa no supuso la destitución ni pérdida de los derechos políticos de la vicepresidenta.
Desde el inicio de su mandato, Noboa trataba de alejar a Abad de su Administración, mientras la vicepresidenta, con la que mantiene un conflicto, denuncia los intentos de silenciarla. El 24 de noviembre de 2023, un día después de tomar posesión, el mandatario le asignó como única tarea «colaborar» en nombre de Ecuador «por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina»; y el 4 de diciembre la nombró «embajadora extraordinaria y plenipotenciaria» en ese país.
En agosto de este año, Noboa ordenó su traslado temporal a la Embajada ecuatoriana en Turquía como medida de seguridad ante la escalada de tensiones en Oriente Medio.
