El Poder Judicial de Perú dictó 36 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de liderar una organización criminal.
El expresidente estuvo presente en la audiencia en forma virtual desde el penal donde cumple otra detención preventiva por su fallido autogolpe, dijo al juez que iba a hacer “lo que la ley” le faculta, al respaldar la apelación que presentará su abogado contra la medida.
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
Igualmente, el nombramiento de Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.
De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.
Checkley afirmó que “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”.
En tal sentido, el magistrado dijo que Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El juez Juan Carlos Checkley también dictó prisión preventiva contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, que se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado, por lo que ha pedido su captura.
Asimismo, el magistrado ha pedido la comparecencia Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, así como el pago de 3 mil soles peruanos (169 mil pesos mexicanos).
Castillo, que ya está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión tras anunciar el 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, ha sido condenado a tres años de prisión preventiva por presuntos amaños de contratos de obras públicas durante su mandato.
Se le señala por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
El exmandatario ha negado haber organizado un golpe de Estado, así como haber participado en el amaño de contratos públicos.
Con información de EFE y Europa Press.
