- Merary Díaz acusa a Libre de generar crisis e insiste en respetar fecha límite del 17 de agosto para el cierre del censo
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La propuesta de ampliar el plazo para que jóvenes de 17 años que cumplan la mayoría de edad antes del 30 de noviembre puedan enrolarse y votar, ha generado un nuevo foco de tensión en el Congreso Nacional.
Este jueves, la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, advirtió que dicha iniciativa trastocaría el cronograma electoral y podría generar una nueva crisis institucional.
Díaz recordó que el artículo 106 de la Ley Electoral establece con claridad que el censo definitivo debe ser publicado tras la fecha de cierre del enrolamiento, fijada legalmente para el 17 de agosto.
“Luego de esa fecha, el Registro Nacional de las Personas (RNP) debe enviar el listado final de nuevos votantes, y ese proceso no puede retrasarse más”, explicó.
“No podemos seguir trastocando o afectando el cronograma electoral. Ya se había afectado con toda la crisis que generó Libre y todavía hoy quieren generar más crisis acerca de eso”, cuestionó con dureza.
Libre defiende inclusión de nuevos votantes
Desde la bancada oficialista, el jefe de Libre, Rafael Sarmiento, ha defendido la propuesta como una medida de inclusión democrática.
Asegura que el objetivo es permitir que todos los jóvenes que cumplan 18 años antes del 30 de noviembre puedan ejercer su derecho al voto.
“Es para garantizar el derecho universal a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad antes del día de las elecciones, y que puedan ser parte de la toma de decisiones”, declaró Sarmiento.
La iniciativa fue presentada a solicitud del RNP y pretende extender el plazo de enrolamiento hasta el 30 de septiembre.
Sin embargo, voces como la de Merary Díaz aseguran que esta modificación afectaría la cadena de procesos técnicos y legales previos a los comicios.
La disputa reaviva las diferencias entre las principales fuerzas políticas del país, justo cuando el calendario electoral avanza y la confianza en el proceso se vuelve más delicada.
Mientras unos apuestan por la inclusión, otros advierten que alterar los plazos puede comprometer la integridad de las elecciones.
