TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, criticó duramente la reciente solicitud del gobierno para extender por quinta vez el Memorando de Entendimiento (MoU) con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
“El objetivo es muy claro: es darle atol con el dedo, engañar al pueblo hondureño”, afirmó la parlamentaria, al considerar que el anuncio realizado por el canciller Javier Bú Soto no representa un avance real, sino una maniobra política del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
La congresista denunció que esta nueva prórroga será utilizada como excusa electoral por los candidatos de Libre, ante los cuestionamientos de la ciudadanía sobre el incumplimiento de una de las promesas centrales de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
“Cuando les pregunten qué pasó con la CICIH, ellos van a decir ‘acabamos de prorrogar’, pero ya van cinco prórrogas, y en cada una se han comprometido a avanzar en reformas que no cumplen. No hay avances. Solo repiten la estrategia”, expresó Mena.
Desde la firma del primer memorando con la ONU el 15 de diciembre de 2022, el gobierno hondureño ha prorrogado el acuerdo en junio y diciembre de 2023, junio y diciembre de 2024, y ahora busca extenderlo hasta diciembre de 2025.
Las condiciones para instalar la CICIH —como reformas al Código Procesal Penal, la Ley del Congreso y la Ley de Municipalidades— siguen sin concretarse en el Congreso Nacional, donde Libre, si bien no tiene mayoría, ha sido criticado por no ejercer liderazgo efectivo para impulsar las reformas.
Mena acusó al partido oficialista de usar el proceso como una estrategia de manipulación política, destinada a evadir responsabilidades.
“Libre lo que busca es lavarse las manos como Poncio Pilato y echarle la culpa a la oposición. Pero la responsabilidad es de ellos, es su gobierno el que prometió la CICIH y no ha cumplido”, sentenció.
Las declaraciones de la legisladora se suman a las crecientes críticas de la sociedad civil y actores políticos que cuestionan la falta de voluntad política y el estancamiento legislativo en torno a un mecanismo que, según prometió el actual gobierno, sería fundamental para combatir la corrupción estructural en el país.
