- Mientras arrecian los señalamientos por el mal uso de fondos públicos, la diputada de Libre justifica las ayudas legislativas y sugiere que eliminarlas requeriría una reforma constitucional.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio del creciente escándalo por el supuesto mal manejo de fondos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, salió en defensa del polémico sistema de subvenciones gestionadas por el Congreso Nacional, afirmando que “quien solicita los fondos es la población”.
Las declaraciones de Ayala se producen en un momento en el que varios sectores de la sociedad civil, medios y voces dentro del propio oficialismo han denunciado el uso clientelar y opaco de estos recursos, cuyo destino ha sido duramente cuestionado.
“Hacer gestión es algo que los diputados hemos hecho siempre, y lo que se ha dado aquí es un cuestionamiento del fondo por los malos manejos que ha habido en otros momentos y por una situación particular que se dio recientemente”, declaró la parlamentaria en referencia a los recientes señalamientos.
Ayala también justificó que cualquier ayuda que sale del Congreso Nacional “va precedida de una solicitud” por parte de personas que requieren apoyo.
Según su argumento, el rol de los legisladores como gestores de ayuda social es una práctica tradicional que responde a demandas ciudadanas y que, por lo tanto, no debería eliminarse de forma arbitraria.
En términos legales, recordó que el tema de las subvenciones legislativas está consignado en la Constitución de la República, por lo que su derogación requeriría una reforma constitucional que obtenga mayoría calificada de 86 votos y sea ratificada en una legislatura posterior.
¿Asistencialismo o clientelismo institucionalizado?
Las afirmaciones de Ayala abren una discusión sobre el papel real de los legisladores en la administración de fondos públicos.
Aunque los diputados no deberían tener una función ejecutiva ni manejar directamente recursos del Estado, la práctica de “gestionar” fondos para ayudas se ha convertido en una norma no escrita, difícil de desarraigar.
“Habría que plantearlo, habría que hacer unas valoraciones, porque quien solicita los fondos es la población”, insistió Ayala, al ser consultada sobre si es correcto que los legisladores sigan recibiendo estos fondos.
Sin embargo, esta lógica de representación y “respuesta inmediata” a las necesidades de los votantes ha sido históricamente criticada como un mecanismo de clientelismo político, donde la ayuda depende de afinidades partidarias, no de criterios técnicos ni transparencia.
Una respuesta que expone tensiones internas
La postura de Ayala contrasta con los llamados recientes de figuras como Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, quien pidió la suspensión del fondo social y la eliminación de los privilegios legislativos para permitir investigaciones judiciales sin blindaje político.
En ese sentido, la defensa de las subvenciones como un “canal expedito” para ayudar a la población pone sobre la mesa una vieja práctica institucional que, más allá de su legalidad, representa una falla estructural en el diseño de políticas públicas: los legisladores suplantando funciones del poder Ejecutivo con recursos que no están debidamente fiscalizados.
