La diputada de LIBRE, Xiomara Hortencia Zelaya Castro, presentó la noche de este miércoles, en el pleno del Congreso Nacional, la Ley Especial para la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que le dota de figura jurídica como «querellante autónomo y facultades de acusador privado, para el combate a las redes de corrupción público- privada que saquearon el Estado».
Por voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas, el Partido Libre conducido por la Presidenta Xiomara Castro, asumió el compromiso de construir un Gobierno de reconciliación nacional, para revertir los daños provocados a partir del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, condenado por todos los países del mundo y calificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un ilícito de carácter internacional.
Post golpe, durante doce años siete meses, se impuso un régimen político de persecución y terror que destruyó la endeble institucionalidad democrática y corrompió los fines del Estado en detrimento de la sociedad hondureña, hasta convertirnos en un Estado gravemente endeudado, empobrecido y calificado como Estado Narco, con hondureños extraditados y condenados por la justicia norteamericana, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
Se legalizaron concesiones y contratos hasta límites inimaginables, y se privatizó el dinero público a través fideicomisos con altos niveles de corrupción, violando el principio constitucional de caja única y burlando la Ley de Contratación del Estado, asignando de forma directa y más allá del período presidencial, contratos multimillonarios.
Saquearon el Seguro Social, durante la pandemia del COVID-19 se dio la estafa de los hospitales móviles; y violando la Constitución concesionaron el territorio nacional con el Decreto Ley de las ZEDE, así como se dictó la arbitraria sentencia de reelección presidencial; no se puede desconocer los escandalosos fraudes electorales en 2013 y 2017; la deuda pública que pasó de tres mil doscientos millones de dólares en junio de 2009 a veinte mil millones de dólares en diciembre de 2021; se decretaron una lista interminable de impuestos contra el pueblo hondureño y cuarenta decretos legislativos de exoneraciones de impuestos a favor de sectores privilegiados con un impacto anual de más 50 mil millones de lempiras; la privatización del sistema de energía en sus diferentes áreas a través de un contrato oneroso para el Estado con empresas extranjeras y cientos de operaciones contractuales denunciadas que han causado un grave perjuicio al Estado y a la sociedad, y que continúan en la impunidad.
La presencia de la MACCIH del 19 de marzo de 2016 al 19 de marzo de 2020, develó parte de la inaguantable corrupción del régimen. La Presidenta Xiomara Castro, al asumir por mandato soberano del Pueblo la dirección del país, ha solicitado a las Naciones Unidas una Comisión de Expertos Internacionales para el Combate a la Corrupción y la Impunidad.
PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA CICIH
La solicitud para iniciar el proceso de instalación de la CICIH se dio en los primeros 15 días de nuestro Gobierno. El Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 04/2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de febrero de 2022 a través del cual se reconoce la condena internacional contra el Golpe de Estado y se autoriza a la Presidenta de la República Xiomara Castro de Zelaya, para crear la CICIH con la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas, con funcionamiento independiente para efectuar las investigaciones con énfasis en inteligencia y análisis financiero; y con capacidad para ejercer acciones punitivas y de combate frontal al saqueo de los bienes públicos.
El 14 de febrero de 2022 la Presidenta de la República de Honduras, envió una carta al Secretario General de la ONU, su excelencia António Guterres, solicitando el apoyo de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión, y luego de superar los acuerdos y trámites del derecho y relaciones internacionales, el 15 de diciembre de 2022 se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas representada por Miroslav Jenca.
El Memorándum define el enfoque de la cooperación en dos fases: la primera que incluye la realización de un Diagnóstico por un Grupo de Expertos con la finalidad de garantizar las condiciones óptimas para el funcionamiento de la Comisión; y la segunda que contiene la obtención del mandato (otorgado por la Asamblea General de la ONU) y el dictamen favorable por escrito de ambas partes, así como la ratificación del Convenio Bilateral negociado para el establecimiento formal del mecanismo.
Las Naciones Unidas designó el Grupo de Expertos, quienes, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 visitaron nuestro país para entrevistarse con funcionarios del Estado, organizaciones sociales, y otros sectores y miembros de la sociedad.
Para dar celeridad a la aprobación del Mecanismo, el 18 de septiembre de 2023, el gobierno remitió al Secretario General de la ONU, su excelencia Antonio Guterres, la propuesta de Convenio Bilateral y el borrador de Proyecto de Resolución que Honduras presentaría ante la Asamblea General de Naciones Unidas para la autorización del Mandato de firma al Secretario Guterres, mientras el Grupo de Expertos concluía el diagnóstico que finalmente incluye nueve reformas legislativas, tres de las cuales por iniciativa del Congreso de la República presidido por Luis Rolando Redondo Guifarro, que ya han sido realizadas:
1. Derogación del Decreto 116-2019 sobre la liquidación y extinción de responsabilidad penal, administrativa y civil para todos los actores con responsabilidad en la ejecución de fondos departamentales.
2. Derogación delDecreto 93-2021 que reforma y deroga 27 artículos del Código Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos, que blindaban hechos considerados de corrupción, lavado de activos y violación de los derechos humanos.
3. Derogación del Decreto 57-2020 interpretando los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, que tenían el propósito de impedir al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos relacionados con hechos considerados de corrupción.
El 19 de diciembre de 2023, durante el Septuagésimo octavo período de sesiones, Tema 107 del Programa, Prevención del Delito y Justicia Penal, Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolvió aprobar el mandato al Secretario General Antonio Guterres, bajo el siguiente texto:
“1. Tomar nota de los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Honduras para luchar contra la corrupción, incluida su iniciativa de establecer un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que responda a la voluntad y los intereses del pueblo hondureño.
2. Solicita al Secretario General, con carácter excepcional y sin que sirva de precedente, que apoye la iniciativa del Gobierno de Honduras en su lucha contra la corrupción y la impunidad con miras a su pronta aplicación.”
Iniciando este año 2024, la Presidenta de la República designó la Comisión de Alto Nivel para el proceso de revisión y negociación del Convenio cuyo borrador fue enviado por el Gobierno de Honduras a las Naciones Unidas en septiembre de 2023.
La Comisión presidida por el Canciller de la República, atendió la primera reunión técnica con el Buró Político y de Asuntos Jurídicos de la ONU el 7 de febrero de 2024.
La instalación de la CICIH, requiere la dotación de una figura jurídica que autorice, legitime y dé personalidad jurídica al mecanismo para que pueda investigar y combatir con independencia y autonomía, las redes de corrupción público privada de alto impacto que son responsables del saqueo y la entrega del territorio nacional, y se han mantenido en la impunidad.
En el mes de noviembre de 2022, presenté ante el Pleno del Congreso una iniciativa para dotar de personalidad jurídica a la CICIH mediante la reforma del artículo 232 de la Constitución que blinde el actuar del mecanismo, razonando que “las redes de corrupción… aún alcanzan la institucionalidad pública. Por lo tanto se hace necesaria la investigación y formalización de acusaciones a través de instrumentos que permitan contrarrestar la connivencia de algunos grupos y redes que pretenden obstaculizar la llegada de la CICIH, limitar sus acciones o detener el tránsito hacia una nueva época de legalidad, imparcialidad y justicia en democracia”; y las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República, durante el reciente proceso para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acordaron discutir en primera legislatura, el proyecto de reforma constitucional antes descrito, incluyendo las recomendaciones planteadas por las bancadas.
La presente iniciativa tiene como finalidad reconocer y ratificar una vez más la necesidad de establecer las condiciones jurídicas previas para la instalación de la CICIH en el país, y el inicio de las investigaciones de hechos perpetrados por las redes de corrupción público privada de alto impacto, que permanecen en impunidad.
