- Mario Portillo restó importancia a la legalidad de las grabaciones que originaron la polémica denuncia del consejero Marlon Ochoa, y comparó el caso con las grabaciones hechas por narcotraficantes a políticos hondureños.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, defendió públicamente la relevancia del contenido de los supuestos audios que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, dice tener en su poder, restando importancia a las denuncias de espionaje político y grabaciones ilegales que han generado preocupación en distintos sectores.
Portillo, abogado y legislador oficialista, aseguró que “no es novedad” que existan grabaciones de políticos en Honduras y recordó que incluso narcotraficantes obtuvieron pruebas en video y audio de reuniones con funcionarios para sobornarlos.
“En el país ya los narcotraficantes grababan desde sus relojes, desde sus celulares. Hay de todo tipo de artefactos espías y por eso muchos de los políticos y funcionarios terminan involucrados en investigaciones del Ministerio Público. Pero no es tanto cómo se obtuvieron los audios, sino lo que dicen”, declaró Portillo.
“Los narcos grababan a políticos”
El diputado hizo alusión directa al caso del diputado de Libre, Carlos Zelaya, quien habría sido grabado por narcotraficantes durante una conversación en la que se discutía la distribución de dinero proveniente de sobornos.
Según la transcripción, en aquella charla se mencionó que “la mitad era para el comandante, y la otra mitad para Santa Bárbara, Colón y Olancho”.
Con ese ejemplo, Portillo intentó justificar que el debate no debe centrarse en quién o cómo se grabó, sino en el contenido de las conversaciones, insinuando que podrían revelar “un plan conspirativo” para desestabilizar el proceso electoral.
“Hasta este momento nadie ha dicho que Marlon los grabó o que ordenó grabarlos. A lo mejor en el CNE hay ‘sapos’ que están revelando el plan conspirativo de jerarcas políticos y a lo mejor por allí filtró el audio”, sostuvo el legislador.
Una defensa que normaliza la ilegalidad
Las declaraciones de Portillo surgen en medio del debate por la legalidad de los supuestos 24 audios que, según Ochoa, revelarían un intento de crisis política antes de las elecciones generales.
Sin embargo, el consejero del CNE no ha presentado públicamente las grabaciones ni aclarado su origen, lo que ha llevado a expertos y sectores políticos a advertir sobre posibles violaciones a la privacidad y abuso de poder.
Aunque el diputado reconoció que en un proceso judicial el Ministerio Público debe determinar cómo se obtuvieron los audios, sus declaraciones parecen relativizar la validez de la ley y la protección de los derechos individuales, al justificar que el fin —la supuesta revelación de un complot— estaría por encima del medio.
“En un proceso judicial hay que dar a conocer cómo se obtuvieron esos audios. Pero hasta ahora nadie ha dicho que fue Ochoa quien los grabó”, añadió Portillo, insistiendo en la credibilidad de las denuncias del consejero.
Polémica y riesgos institucionales
El discurso del diputado oficialista refleja una postura que normaliza las prácticas de interceptación ilegal de comunicaciones, una tendencia que preocupa a sectores jurídicos y defensores de derechos humanos, quienes advierten que aceptar filtraciones sin control judicial abre la puerta al espionaje político y la manipulación mediática.
La controversia también evidencia una narrativa oficialista que intenta desviar la atención del debate legal hacia uno moral o político, justificando la supuesta ilegalidad de los medios en función del contenido filtrado.
Mientras tanto, el Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre si abrirá o no una investigación formal para determinar el origen de los audios, la legalidad de su obtención y su eventual autenticidad.
Análisis político: el relato del poder
La declaración de Mario Portillo se enmarca en una estrategia discursiva recurrente dentro del oficialismo: justificar prácticas cuestionables bajo el argumento de la “defensa del interés público” o de la “lucha contra la corrupción”, incluso si para ello se vulneran principios básicos del Estado de derecho.
Al minimizar el espionaje y priorizar el contenido sobre la legalidad del procedimiento, el legislador contribuye a un relato de impunidad funcional, en el que los fines políticos parecen legitimar cualquier medio.
Este tipo de discurso erosiona la confianza en las instituciones y diluye la frontera entre la legalidad y la conveniencia partidaria, dejando al país en un terreno peligroso donde la justicia se somete al interés del poder.
