- Ramón Barrios justifica la lentitud en las investigaciones que involucran a la diputada Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, mientras el TSC ya encontró indicios de responsabilidad penal.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Mientras crece la indignación ciudadana por el caso conocido como el “chequevideo” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, pidió este martes no exigir celeridad en las investigaciones que involucran directamente a una legisladora de su partido y a un exministro de Estado.
Barrios afirmó que el proceso “lleva su tiempo” y que no se trata de un caso que deba resolverse con rapidez. “La compañera (Isis Cuéllar) está suspendida, la Secretaría de Transparencia comenzó a investigarla, ya tiene un informe y fue trasladado al Ministerio Público. Esto se incorpora a las investigaciones”, declaró a medios de comunicación.
El legislador, quien recordó su experiencia como fiscal en el Ministerio Público, justificó la lentitud señalando que las investigaciones rápidas muchas veces terminan en “sentencias absolutorias” en la Corte Suprema de Justicia.
“Me parece que debe hacerse con los tiempos que los fiscales ameriten”, insistió, dejando abierta la posibilidad de que el caso no concluya en un requerimiento fiscal, sino en meras sanciones administrativas.
TSC confirma responsabilidad penal
Las declaraciones de Barrios contrastan con la reciente resolución del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que el lunes determinó la existencia de responsabilidad penal en el caso. El expediente fue remitido al Ministerio Público tras evidenciar indicios sólidos de que recursos públicos fueron desviados con fines electorales.
El “cheque video” salió a la luz gracias a una filtración en la que aparecen la diputada oficialista Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, admitiendo el uso de fondos públicos para actividades políticas en Copán, favoreciendo al partido Libre.
Críticas a la complicidad y el doble discurso
Las posturas como la de Barrios han despertado críticas entre analistas y sectores sociales, que consideran que el oficialismo busca dilatar un proceso que, según el propio ente contralor, ya reúne suficientes elementos para proceder penalmente.
La contradicción es evidente: mientras el gobierno insiste en discursos de lucha anticorrupción y transparencia, en la práctica los señalamientos contra sus propios funcionarios reciben un trato diferenciado, marcado por la justificación de la lentitud y la falta de contundencia.
El caso del “cheque video” se convierte así en un nuevo examen para el sistema de justicia y para el propio gobierno de Libre, que enfrenta el reto de demostrar si está dispuesto a sancionar el uso electoral de recursos públicos en sus propias filas o si prevalecerá la impunidad que históricamente ha marcado la política hondureña.
