Congresista del PSH justifica obras fuera de su departamento con subvenciones públicas, pero críticas por prioridades y legalidad no se hacen esperar
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El diputado por el departamento de Atlántida, Tomás Ramírez Hernández, del Partido Salvador de Honduras (PSH), se encuentra bajo escrutinio público luego de admitir en una entrevista radial que parte de los fondos públicos que ha recibido como subvenciones han sido usados para proyectos sociales fuera de su jurisdicción, específicamente en el departamento de Francisco Morazán.
“Aquí en la Nueva Capital [Tegucigalpa] estamos haciendo una vivienda. También hemos reparado techos y construido aulas”, detalló el legislador durante una intervención con la cadena radial HRN.
Según sus propias declaraciones, Ramírez habría recibido alrededor de 2.5 millones de lempiras en subvenciones y asegura haber ejecutado más de 120 obras, las cuales —afirma— suman casi 10 millones de lempiras gracias a una gestión “eficiente y solidaria”.
¿Solidaridad o desvío de prioridades?
Aunque el diputado defendió con firmeza su trabajo y aseguró que todos los fondos han sido “justificados y auditados”, el hecho de destinar dinero público a proyectos fuera del departamento por el que fue electo, ha levantado críticas tanto en redes sociales como entre sectores ciudadanos que cuestionan la legalidad y legitimidad de esa decisión.
“Yo no tengo problema con que venga la DEA, el Ministerio Público, la CICIH o el CNA”, afirmó, agregando que ha entregado informes y auditorías sociales.
No obstante, críticos argumentan que, más allá de auditorías internas o voluntarias, el uso de fondos públicos debe regirse por criterios de territorialidad, equidad y transparencia, especialmente en un país con altos niveles de pobreza y necesidades insatisfechas en zonas rurales como Atlántida.
¿Gestión o campaña encubierta?
El caso ha generado debate sobre los límites entre la gestión social y la posible promoción personal con fines políticos. Algunos usuarios en redes han cuestionado si este tipo de inversiones en zonas urbanas como Tegucigalpa no responden a estrategias de visibilidad política, en lugar de atender a las comunidades que lo eligieron como su representante.
Por ahora, el Ministerio Público no ha informado si existe una investigación en curso, pero el caso se suma a la creciente presión ciudadana por una mayor fiscalización del uso de las subvenciones legislativas y por una reforma profunda en los mecanismos de control del Congreso Nacional.
