• Maribel Espinoza y otras legisladoras advierten que un grupo minoritario de Libre aprobó el decreto sin quórum legal y señalan posibles delitos de traición, sedición y rebelión
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Tras la polémica sesión celebrada el 8 de enero en el Congreso Nacional, en la que el presidente del Parlamento, Luis Redondo, junto a un reducido grupo de diputados de su partido Libertad y Refundación (Libre), aprobó un informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones y abre la puerta a un recuento general de votos, un grupo de diputadas del Partido Liberal, encabezadas por Maribel Espinoza, envió un oficio a la presidenta Xiomara Castro solicitando no sancionar el decreto emitido por Redondo.
La sesión, que se extendió hasta casi la medianoche, contó únicamente con el respaldo de diputados propietarios y suplentes de Libre, así como de la diputada liberal Mireya Guillén, sumando 68 parlamentarios, cifra mínima para aprobar el controvertido informe.
En la carta dirigida a la mandataria, Espinoza, junto a las diputadas Fátima Mena, Suyapa Figueroa, Francis Argueñal y Claudia Ramírez, denunció que “Luis Redondo y su grupo cometieron una serie de delitos, en una clara conspiración para impedir la alternancia en el ejercicio del poder”.
El documento advierte que el decreto fue aprobado por un número inferior al quórum legal, y que con él se podrían estar cometiendo delitos como traición a la patria, rebelión, sedición y otros relacionados.
Por ello, las parlamentarias pidieron expresamente a Castro que no lo sancione ni lo publique en La Gaceta, para evitar incurrir en responsabilidades penales.
Recuento de actas y confrontación interna
El decreto pretende que el Congreso Nacional repita el escrutinio de más de 19,000 actas, decisión que no contó con la presencia de diputados liberales ni nacionalistas.
Algunos legisladores de Libre, como Rasel Tomé, advirtieron a Redondo que el Congreso no tiene atribución para anular actos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que el respaldo popular del partido no puede sustituir las normas legales.
Durante la sesión, Ramón Barrios presentó un informe de más de dos horas cuestionando la validez de la declaratoria electoral, mientras Redondo y su grupo avanzaban en la aprobación del decreto.
Críticas internacionales y tensión política
Espinoza recordó que la OEA denunció que “las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario buscan obstaculizar la transición pacífica del poder”.
El decreto también solicita que el Ministerio Público inicie acciones penales contra las consejeras del CNE y fue aprobado en una sesión prolongada que contó principalmente con miembros de Libre, la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado Osman Chávez del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Si se sanciona, la medida podría revertir la declaratoria oficial del proceso electoral, facultad exclusiva del CNE según la Constitución, lo que genera un escenario de alta tensión política y riesgo de confrontación institucional.
Llamado al Ejecutivo
Frente a estos hechos, las diputadas de oposición pidieron a Xiomara Castro no sancionar el decreto, advirtiendo que hacerlo podría implicar incurrir en los mismos delitos señalados contra Redondo y su grupo.
La solicitud busca garantizar la institucionalidad, la alternancia democrática y la legalidad del proceso electoral, en un contexto marcado por la polarización y la judicialización de las controversias post-electorales.
