• El magistrado presidente Mario Flores y la magistrada Miriam Barahona instalaron sesión del TJE con el objetivo de “garantizar la justicia electoral”, mientras Mario Morazán denuncia “usurpación de funciones” y falta de convocatoria previa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta una nueva controversia institucional luego de que este lunes 27 de octubre se instalara una sesión de pleno con solo dos de sus tres magistrados propietarios, lo que ha generado un fuerte debate sobre la legalidad de sus decisiones y la continuidad de la justicia electoral.
La sesión fue dirigida por el magistrado presidente, Mario Flores, junto a la magistrada Miriam Barahona, quienes justificaron su actuación en el artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública, que —según argumentaron— permite la instalación de órganos colegiados con la simple mayoría de sus miembros.
En contraste, el magistrado Mario Morazán, ausente en la sesión, calificó el acto como “una usurpación de funciones” y advirtió que ninguna resolución adoptada por dos magistrados tendría validez legal.
Flores defiende la sesión: “Hubo una convocatoria legal y un intento de obstrucción”
El presidente del TJE, Mario Flores, explicó que se convocó formalmente al magistrado Morazán y a los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía, pero ninguno asistió ni justificó su ausencia, lo que —a su criterio— pretendía impedir la conformación del pleno.
“Toda conducta omisiva que implique negarse a integrar el pleno o abstenerse de ejercer la función jurisdiccional atenta contra la Constitución y el orden jurídico de la República”, manifestó Flores durante la sesión.
El magistrado aseguró que, ante esta situación, el TJE actuó conforme a su mandato constitucional para evitar un vacío institucional en un momento clave del proceso electoral.
“El Tribunal debe adoptar las doctrinas necesarias para asegurar la continuidad de su funcionamiento y garantizar la justicia electoral”, agregó.
Morazán denuncia irregularidades: “No hubo convocatoria formal”
Por su parte, el magistrado Mario Morazán rechazó tajantemente la legalidad de la sesión, asegurando que no fue convocado previamente y que la notificación fue entregada a su despacho minutos después de haberse retirado, lo que interpretó como una acción deliberada para excluirlo del pleno.
“La convocatoria llegó a las 2:45 de la tarde, cuando yo me retiré a las 2:35. No se me notificó con antelación ni se convocó a los suplentes de forma válida”, explicó.
Morazán además acusó al magistrado presidente de “autoconvocarse para conocer sus propios escritos de recusación”, lo que —dijo— constituiría un delito en flagrancia, pues Flores y Barahona buscarían declarar sin lugar las recusaciones presentadas contra ellos mismos.
“Ninguna decisión que se tome por parte de dos magistrados tiene validez. No es posible sesionar sin el pleno conformado”, reiteró Morazán.
El trasfondo: la inscripción de Jorge Cálix
Detrás de la tensión interna del TJE se encuentra uno de los casos más mediáticos del proceso electoral: la inscripción del diputado Jorge Cálix, quien busca participar como candidato del Partido Liberal por Olancho en sustitución de Samuel García.
El Tribunal aún no ha emitido resolución sobre su inscripción, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha suspendido la impresión de papeletas en Olancho y Valle hasta que el TJE resuelva los casos pendientes.
Ante la demora, el CNE otorgó un plazo de 48 horas para definir las candidaturas en disputa, lo que ha incrementado la presión sobre el órgano electoral.
En declaraciones recientes, Jorge Cálix consideró positivo que el proceso avance, al sostener que Morazán había obstaculizado la toma de decisiones.
Además, defendió la sesión con dos magistrados recordando que en el CNE de 2021, Rixi Moncada y Ana Paola Hall actuaron de forma similar.
“En aquel momento se sesionó con mayoría. No veo por qué ahora sea diferente”, afirmó.
Sin embargo, expertos señalan que el marco legal del proceso electoral de 2025 es distinto al de 2021, lo que podría invalidar esa comparación.
Riesgos de ingobernabilidad electoral
La división al interior del TJE se da en un contexto de alta sensibilidad política, donde las decisiones del Tribunal son determinantes para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral.
Analistas advierten que la falta de consenso en el pleno y los señalamientos de ilegalidad podrían derivar en impugnaciones y desconfianza ciudadana sobre las resoluciones que emita el Tribunal.
Mientras tanto, el TJE enfrenta el desafío de resolver los casos pendientes en los próximos días para no poner en riesgo el calendario electoral, cuya etapa crítica se acerca con la impresión de papeletas y la definición de candidaturas.
