El abogado Jim Trusty dijo a CNN, tras dejar la defensa de Trump, que los cargos incluyen conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y retención ilegal de documentos clasificados bajo la Ley de Espionaje.
Dos abogados defensores de Donald Trump abandonaron el caso el viernes, un día después de que el expresidente de Estados Unidos fuera acusado de cargos federales por retención ilegal de documentos clasificados, obstrucción y otros delitos.
The Wall Street Journal informó al mismo tiempo de que el antiguo ayudante de cámara militar de Trump, Walt Nauta, fue acusado junto a Trump. Nauta entró a trabajar en el complejo Mar-a-Lago del exmandatario después de haber trabajado con él en la Casa Blanca.
El abogado de Nauta, Stanley Woodward, declinó hacer comentarios cuando fue contactado por Reuters.
El sorpresivo anuncio de los abogados John Rowley y Jim Trusty podría provocar nuevas complicaciones legales antes de la comparecencia prevista de Trump ante un tribunal federal de Miami el martes por el caso de los documentos.
“Esta mañana hemos presentado nuestra dimisión como asesores del presidente Trump”, afirmaron los dos abogados en un comunicado. “Ha sido un honor haber pasado el último año defendiéndolo, y sabemos que será reivindicado”.
Trump dijo en las redes sociales que estaba siendo representado por el abogado Todd Blanche.
La imputación de un exmandatario por cargos federales no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos y se produce en un momento en que Trump es el favorito de su partido para la nominación presidencial republicana el próximo año.
Trump se enfrenta a siete cargos penales relacionados con el tratamiento que dio al material sensible del Gobierno que se llevó consigo cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021, según una fuente conocedora del asunto. Está previsto que comparezca ante el tribunal de Florida el martes, un día antes de su 77 cumpleaños.
Los casos no impiden a Trump hacer campaña o tomar posesión de su cargo si ganara las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Los expertos legales dicen que no habría base para bloquear su juramento incluso aunque fuera condenado y enviado a prisión.
Hace casi un año, los investigadores incautaron unos 13,000 documentos en la finca de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Cien estaban marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había dicho con anterioridad que todos los registros con marcas clasificadas habían sido devueltos al gobierno.
“¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el jueves, después de anunciar la acusación.
Trump había dicho previamente que desclasificó esos documentos mientras era presidente, pero sus abogados se han negado a presentar ese argumento en las presentaciones judiciales.
La CNN informó el viernes de que Trump dijo tras dejar el cargo que había conservado información militar que no había desclasificado. Esos comentarios, captados en audio, podrían ser una prueba clave en el caso.
La juez de distrito Aileen Cannon fue asignada inicialmente para supervisar el caso, según otra fuente que fue informada sobre el asunto. Ella también podría presidir el juicio, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.
Cannon, nombrada por Trump en 2019, tomó decisiones que le favorecieron en escaramuzas legales durante la investigación de los documentos el año pasado. Sus fallos fueron anulados en apelación.
Cannon determinaría, entre otras cosas, cuándo se celebraría un juicio y cuál sería la sentencia de Trump si fuera declarado culpable.
El ya exabogado de Trump Jim Trusty dijo a CNN que los cargos incluyen conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y retención ilegal de documentos clasificados bajo la Ley de Espionaje.
Si vuelve a ganar la presidencia, Trump, como jefe del Gobierno federal, estaría en condiciones de desbaratar el caso federal, pero no el estatal en Nueva York.
Con información de Reuters
