TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las dos nuevas cárceles que el Gobierno de Honduras anunció que comenzará a construir este año, una de ellas en la reserva marítima de Islas del Cisne, en el Caribe, «podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario».
Así lo advirtió este miércoles la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, quien señaló además que con las dos nuevas cárceles se privaría a los reclusos de «derechos al contacto con el exterior, salud, garantías judiciales y protección de la vida e integridad personal».
Albaladejo se refirió a las dos nuevas cárceles, una en un lugar remoto entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, (este), durante una jornada de actividades promovida por varias instituciones, denominada ‘Crisis carcelaria en Honduras’.
El Gobierno reiteró esta semana que las dos cárceles serán construidas, desoyendo a biólogos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, entre otros sectores, que consideran que la de Islas del Cisne, a 250 kilómetros de tierra firme, causará un grave daño ambiental, lo que niegan funcionarios de la Administración que preside Xiomara Castro.
La prisión en Islas del Cisne sería de máxima seguridad para unas 2.000 personas consideradas de alta peligrosidad, mientras que la segunda, entre Olancho y Gracias a Dios, sería para 20.000, según fuentes oficiales.
La OACNUDH, señaló Albaladejo, reconoce la apertura y voluntad del Estado de Honduras de avanzar en reformas y acciones de fortalecimiento institucional que permitan el respeto y garantía de derechos humanos en materia penitenciaria, seguridad y justicia.
Sin embargo, en Honduras «el sistema penitenciario ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad», agregó.
Indicó además que en los últimos cinco años la población penitenciaria ha oscilado entre 18.000 y 20.000 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque solo cuenta con capacidad para alojar 14.780.
Profesionalización de las fuerzas de seguridad
La diplomática también expresó que son muchos los privados de libertad que no cuentan con una sentencia firme, y que la ley del sistema penitenciario adoptada en 2012, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, no ha podido ser ejecutada adecuadamente, ya que el sistema ha permanecido en diferentes estados de emergencia, trasladando el control y gestión penitenciaria a las autoridades policiales y militares.
Además, los decretos de emergencia sucesivos no han permitido que se desarrolle la institucionalidad en la Penitenciaria Nacional Femenina, cercana a Tegucigalpa, donde en junio de 2023 al menos 46 mujeres privadas de la libertad murieron violentamente, en una acción que las autoridades atribuyen a una pandilla.
Entre otras cosas, la diplomática subrayó que en los centros de media y mínima seguridad, durante junio, julio y agosto de 2023, la OACNUDH documentó a partir de entrevistas a unas 500 personas asociadas a pandillas por las autoridades, denuncias de golpes, sometimiento a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que puede llegar a constituir una forma de malos tratos.
«En este contexto, la oficina pudo recibir testimonios de personas privadas de libertad que dijeron haber sido amenazadas por agentes de la Policía Militar de Orden Público para no denunciar o trasladar información a familiares, organismos e instituciones de derechos humanos», acotó Albaladejo.
La OACNUDH expresó su preocupación por la tendencia de adoptar medidas excepcionales para abordar los problemas de seguridad y violencia en el país.
En ese sentido, considera «urgente que el Estado ponga en marcha una política de seguridad con enfoque de derechos humanos, que priorice la prevención y abordaje de las causas estructurales de la criminalidad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la investigación y la independencia judicial, así como la profesionalización de las fuerzas de seguridad».
Con información de EFE
