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sábado, septiembre 21, 2024
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Dos nuevas demandas se interponen contra el Estado de Honduras ante el CIADI

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Estado de Honduras enfrenta dos nuevas demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Estas acciones legales fueron presentadas por Víctor Miguel Silhi Zacarías, originario de El Salvador, bajo el expediente ARB/24/32, y por la empresa española X-Elio Energy S.L., registrada bajo el número ARB/24/31.

Estas denuncias se producen apenas dos semanas antes de que Honduras formalice su salida del CIADI, institución globalmente reconocida por la resolución de disputas de inversión internacional.

Según lo comunicado por el organismo, “de conformidad con el artículo 71 del Convenio CIADI, la denuncia de Honduras surtirá efecto seis meses después de la recepción de la notificación por parte de la República de Honduras, es decir, el 25 de agosto de 2024”.

Con la presentación de estos nuevos casos, el número de demandas contra Honduras en esta instancia vinculada al Banco Mundial asciende a 13. Los montos reclamados por los demandantes superan los 12 mil millones de dólares, al considerar que sus inversiones han sido perjudicadas por decisiones tomadas por diferentes administraciones gubernamentales.

Honduras se adhirió al CIADI el 28 de mayo de 1986, entrando en vigor su membresía en 1989. El CIADI es reconocido por su especialización en arbitrajes de negocios entre Estados y empresas, siendo una de las principales instituciones a nivel mundial en este ámbito.

El contexto de estas demandas se enmarca en la derogación, el 21 de abril de 2022, de la reforma constitucional y legislación secundaria relacionada con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs). Aunque, los artículos constitucionales no fueron ratificados, lo que llevó a la presentación de un decreto de inconstitucionalidad en noviembre de 2023 ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras, aún pendiente de resolución.

Actualmente, el CIADI cuenta con la participación de más de 165 países miembros, consolidándose como un pilar en el sistema internacional de resolución de disputas de inversión. La decisión de Honduras de retirarse lo convertirá en el único país de Centroamérica en no formar parte de este organismo.

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