TEGUCIGALPA HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes la quinta entrega del Informe de Conflictividad en Honduras 2023 denominado: “Gobierno ingobernable”, el cual aborda la capacidad institucional de afrontar los conflictos sociales.
El documento detalla que del total más de 100 de estos problemas fueron generados por los militares y funcionarios de gobierno, dejando a Francisco Morazán como el departamento con mayor número de protestas registradas.
“La ciudadanía hondureña vivió casi medio millar de conflictos detonados por la lucha de poder entre la clase política y la incapacidad de las instituciones públicas para garantizar la calidad en los servicios”, detalla el informe.
Aquí el comunicado integro:
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional señala que en 2023 se registraron 482 conflictos sociales, los cuales se traducen en una de las causas directas de los 8.3 homicidios diarios (en promedio) que se registraron en el año, mientras 64 % de los hogares hondureños siguen viviendo en la pobreza y 234,800 compatriotas fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos.
De los 482 conflictos, 292 (60 %) se vinculan con la fragilidad del Estado de derecho, la deficiencia del Estado en el respeto y garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del estamento jurídico. Entre estos destacan: enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden, masacres y asesinatos de campesinos.
Por otro lado, los 94 conflictos institucionales (19 % del total) evidencian la inconformidad de la ciudadanía frente a la respuesta del Estado a sus necesidades básicas, lo que derivó en tomas de carretera, demandas de mejor infraestructura vial, reclamos por una mejor atención médica o abastecimiento de medicamentos, entre otros.
El incremento de estos sucesos en comparación a 2022 refiere a la incapacidad de las instituciones públicas para garantizan calidad en los servicios públicos.
A los anteriores se suman 76 conflictos políticos, equivalentes a 15 % del total de sucesos, los cuales tuvieron mayor concurrencia en el segundo semestre del año, con el protagonismo de la crisis política y enfrentamientos en el Congreso Nacional.
De los conflictos restantes, 19 fueron de tipo económico y uno de tipo electoral.
De los 482 conflictos registrados en 2023, 248 se concentraron en Francisco Morazán y 31 en Cortés, siendo los departamentos con mayor conflictividad, seguidos por Colón (22), Atlántida (15), Yoro (14) y Olancho (11).
Desde 2021, los conflictos originados por la institucionalidad y activistas del Partido Libertad y Refundación han aumentado considerablemente. En 2021, estos conflictos representaron el 9 % del total, en 2022 alcanzaron el 10%, y actualmente constituyen el 21% de los mismos.
A raíz de los hallazgos, ASJ recomienda que desde el gobierno se implementen espacios de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, construyendo en conjunto políticas y estrategias realistas a corto, mediano y largo plazo para el respeto y garantía de los derechos de los hondureños, especialmente de los más vulnerables.
En un país en donde los desacuerdos se resuelven mediante la conflictividad, masacres y violencia, los funcionarios públicos y representantes del pueblo, son los llamados a dar un buen ejemplo, evitando los discursos de odio, insultos en redes sociales o peleas públicas.
Desde ASJ se hace un llamado a los altos funcionarios para que, en lugar de utilizar el conflicto, las palabras de odio y los actos de violencia para dividir y aumentar la conflictividad, se enfoquen en crear soluciones y fomentar la paz social.
Es imperativo que promuevan el diálogo y la cohesión social, contribuyendo así a un entorno más pacífico que contribuya a una sociedad más justa, señala el escrito.
