TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El caso de Koriun Inversiones continúa generando controversia en los ámbitos financiero y político del país, tras propuestas que sugieren que el Estado hondureño utilice fondos públicos para cubrir las pérdidas de los miles de aportantes afectados por la empresa privada.
Ante esta posibilidad, la economista y exviceministra de Finanzas, Lilian Rivera, lanzó una fuerte advertencia: “La Constitución de la República es clara: el Estado solo puede garantizar el pago de deuda pública contraída legalmente por el Gobierno”, señaló, citando el artículo 656.
Rivera explicó que cualquier intento del Poder Ejecutivo o del Congreso Nacional de autorizar el uso de recursos estatales para saldar deudas de una empresa privada no solo contraviene la ley, sino que podría acarrear consecuencias civiles, penales y administrativas para los funcionarios que impulsen o aprueben tal decisión.
“El Gobierno no puede improvisar”
La experta también cuestionó la falta de datos concretos sobre el impacto financiero que implicaría asumir la deuda de Koriun Inversiones.
“No sabemos cuánto costaría realmente cubrir esa deuda. Además, el presupuesto público es limitado y está sometido a un marco de responsabilidad fiscal firmado con el Fondo Monetario Internacional. No se puede improvisar”, advirtió.
Rivera subrayó que, de aprobarse esta medida en el Congreso, el Gobierno tendría que redistribuir fondos de otras áreas sensibles.
“No dejarán de pagar sueldos ni el servicio de la deuda externa, pero sí podrían dejar de comprar medicamentos o ejecutar obras públicas. Eso sería sumamente grave”, enfatizó.
Cabe recordar que el rubro de medicamentos ya sufrió un recorte de 500 millones de lempiras recientemente.
Un precedente peligroso
Para Rivera, permitir que el Estado absorba el fracaso financiero de una empresa privada, no regulada y presuntamente ilegal, dejaría un precedente negativo para el país.
“Se enviaría un mensaje perverso: que cualquier empresa privada puede operar fuera del marco legal, quebrar y luego exigir que el Estado la rescate. Eso no es ser un Gobierno responsable”, aseguró.
Finalmente, hizo un llamado a la prudencia y al respeto del orden jurídico vigente.
“Los recursos públicos no son personales. No se trata de administrar el dinero de la casa, se trata del patrimonio de todos los hondureños. Debe manejarse con rigor, transparencia y responsabilidad”, concluyó.
