TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, advirtió este jueves que el uso de recursos del presupuesto nacional para indemnizar a los afectados por la empresa Koriun Inversiones podría sentar un precedente “muy peligroso” para la estabilidad fiscal y el manejo de futuras crisis financieras.
La opinión de Canales surge tras el anuncio de autoridades gubernamentales sobre la preparación de un proyecto de ley, por orden de la Presidenta de la República, para utilizar fondos públicos y compensar a ciudadanos “pobres y humildes” que invirtieron en la firma, intervenida por el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por operar de forma ilegal.
“Este es un precedente muy peligroso, especialmente porque va a tener impacto en el Presupuesto Nacional. Actualmente enfrentamos desafíos fiscales, y destinar recursos estatales para cubrir estas medidas va a afectar programas sociales y otras prioridades fundamentales”, alertó la experta.
Según Canales, la intervención del Gobierno en este caso podría, además de comprometer fondos esenciales para salud y educación, abrir la puerta a decisiones similares en futuras situaciones de estafa o colapso financiero.
“Está comprobado que Koriun operaba bajo un esquema ilegal y con características de fraude. Usar fondos públicos para indemnizar a los afectados podría beneficiar indirectamente a quienes ocasionaron ese tipo de transacciones”, señaló.
La economista advirtió que autorizar este tipo de pagos podría incluso acarrear posibles responsabilidades penales para quienes aprueben medidas sin una base legal y presupuestaria clara.
Asimismo, expresó su preocupación por la falta de transparencia respecto al monto total que se pretende cubrir y el número de personas involucradas.
“Cubrir un faltante cuando no se tiene idea de cuánto dinero hace falta es muy peligroso. Esas cantidades podrían lacerar los ya escasos recursos que tenemos para atender la problemática del país”, insistió.
Canales enfatizó que la solución debe centrarse en fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión financiera para evitar que esquemas similares vuelvan a repetirse.
“Debe hacerse algo urgente y necesario ante la falta de regulación. Pero el camino correcto no es comprometer fondos del presupuesto para cubrir fraudes, porque eso manda el mensaje equivocado y abre la puerta a nuevas estafas”, concluyó.
