La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador declaró al ex presidente Guillermo Lasso responsable del delito de peculado (malversación) en la votación final del juicio político que el entonces mandatario interrumpió hace seis meses a cambio de dejar la Presidencia y forzar unas elecciones generales extraordinarias.
Acorralado por opositores, Lasso utilizó una maniobra política llamada Muerte Cruzada que implicaba dejar la Presidencia, pero también la renuncia de los legisladores que buscaban destituirlo; sin embargo, una vez que el Congreso de reinstaló se decidió reanudar el juicio en su contra.
El Legislativo ecuatoriano consideró fundada la acusación de peculado contra el conservador Lasso con 116 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, decisión que quedó refrendada en una segunda votación de reconsideración.
Con esta votación culmina un largo juicio político con el que la oposición pretendía sacar del poder a Lasso en este proceso que emprendió la oposición, liderada por el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC).
La nueva composición de la Asamblea tras las elecciones volvió a dejar al correísmo y al PSC como dos fuerzas dominantes en el Congreso y reanudaron el juicio político a Lasso, que antes de la disolución del Legislativo tenía un grupo muy minoritario y ahora no cuenta con ningún representante de su partido CREO.
El documento que puso a votación a la asambleísta correísta Viviana Veloz rechazó «las actuaciones del ex presidente Lasso de utilizar la figura de la Muerte Cruzada durante el proceso de juicio político para eludir su responsabilidad política y posible censura y destitución; lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia».
Asimismo, ordenó notificar de la decisión de forma inmediata al expresidente y también a la Fiscalía y a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) «para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal».
Cuñado de Guillermo Lasso, supuestamente involucrado en el narco y la corrupción
Estas dos fuerzas impulsaron el juicio político contra Lasso después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción en empresas públicas encabezada aparentemente por su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y con uno de sus integrantes con presuntos nexos con una mafia del narcotráfico.
Sin embargo, la Corte Constitucional sacó este caso de la acusación en el que se imputaba un presunto delito de concusión y solo dejó el de peculado, referente a unos contratos firmados por la flota petrolera estatal que presuntamente causaron «un perjuicio al Estado en favor de terceros», según la resolución aprobada por la Asamblea.
Con información de EFE
