- La defensa del exgerente de la ENAG califica de desproporcionada la medida judicial y denuncia un trato desigual en el caso de la Excomisión Permanente.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, se presentará voluntariamente ante la justicia, luego de que hoy se librara una orden de captura en su contra por el caso relacionado con la Excomisión Permanente del Congreso Nacional.
Su abogado defensor, Marcos Palacios, acudió este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar que su representado pueda comparecer a la audiencia de declaración de imputado sin necesidad de ejecutar la orden de captura.
Palacios calificó de desproporcionada la medida judicial y cuestionó lo que considera un trato desigual en comparación con los demás imputados en el proceso. Según argumentó, los delitos atribuidos a Moncada no ameritarían prisión y correspondía citarlo para que compareciera ante los tribunales.
«Lo que nosotros consideramos que era el Código Procesal Penal dicta que él se le haya citado para la audiencia de declaración de imputado», expresó el profesional del derecho ante los periodistas que cubren la fuente judicial.
El defensor también denunció que el día anterior se le negó el acceso al expediente judicial y a las evidencias del caso.
A su criterio, esta situación genera dudas sobre las garantías procesales y podría evidenciar un prejuzgamiento por parte del órgano jurisdiccional, además de un supuesto ocultamiento de información.
Moncada enfrenta tres cargos por presunta violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Por este mismo caso, también existe una orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Con su anuncio de presentarse voluntariamente, el exfuncionario busca comparecer ante los tribunales mientras su defensa cuestiona porqué la necesidad de la orden de captura y reclama garantías para ejercer adecuadamente su labor legal.
La decisión sobre la solicitud presentada por la defensa corresponde a las autoridades judiciales competentes.
