El exfiscal general advierte que la manipulación de resultados comienza en las mesas electorales y cuestiona la impunidad que protege estas prácticas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio del debate nacional sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, recordó que el fraude electoral en Honduras no se limita al manejo digital de datos, sino que se gesta desde las mesas receptoras de votos con prácticas arraigadas y normalizadas.
A través de una publicación en su cuenta de X, Orellana señaló que aunque es importante garantizar la transparencia del TREP, hay otros mecanismos de manipulación electoral que siguen siendo ignorados por las autoridades.
“Evitar la transmisión de datos falsos mediante el TREP es importante, pero también lo es —y no se le da importancia— el fraude que resulta de venta de credenciales, de llenar espacios vacíos en boletas electorales o de inflar votos”, escribió el exfuncionario, apuntando directamente a las irregularidades que, según él, son toleradas por el sistema.
Además, Orellana cuestionó la cultura política que permite estos vicios electorales sin consecuencias.
“¿Por qué cree usted que los políticos actúan así?”, se preguntó, sugiriendo que estas acciones responden a una estrategia sistemática para alterar la voluntad popular sin necesidad de manipular la tecnología.
Un sistema que protege la trampa
Las declaraciones del exfiscal se suman a las crecientes voces que ponen en duda la capacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar un proceso limpio, creíble y sin interferencias rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Orellana, reconocido por su postura crítica hacia el sistema político y judicial del país, alertó sobre el peligro de enfocar toda la atención en el TREP mientras se perpetúan formas tradicionales de fraude que ocurren a plena vista.
Sectores de sociedad civil han coincidido en que la verdadera garantía de un proceso democrático no está solo en el uso de tecnología, sino en la voluntad política para frenar las prácticas corruptas, castigar a los responsables y proteger el voto ciudadano en todas las etapas del proceso electoral.
