- El exfiscal general advierte que el silencio del Ministerio Público debilita el Estado de derecho y abre la puerta a decisiones arbitrarias en el manejo institucional.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La prolongada crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha encendido nuevas alertas desde sectores jurídicos. El exministro de Transparencia y exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, advirtió este jueves que la omisión del Ministerio Público (MP) ante el conflicto legal-institucional que atraviesa el ente electoral representa una amenaza directa al Estado de derecho en Honduras.
“La omisión del MP en el conflicto legal-institucional del CNE tendrá un efecto funesto: acostumbrarnos a que el control de legalidad de los actos del Estado sea, en adelante, ejercido por el o los funcionarios que se arroguen esta potestad, y no por los tribunales”, escribió Orellana en su cuenta oficial de X.
Sus declaraciones se suman al creciente coro de voces que señalan que el Ministerio Público guarda un silencio preocupante frente a la parálisis del CNE, cuyas funciones están bloqueadas desde que el consejero Marlon Ochoa y los dos suplentes afines al oficialismo se niegan a asistir a sesiones, dejando al órgano sin quórum ni capacidad operativa.
Renuncia sin trámite, Congreso sin respuesta
El conflicto se ha intensificado con la renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall, cuya salida aún no ha sido procesada por el Congreso Nacional.
A pesar de que el Partido Liberal ya ha propuesto al abogado Jhosy Toscano como sustituto, la bancada de Libre ha dejado claro que no prestará los votos necesarios para completar el proceso de elección, que requiere mayoría calificada (86 votos).
El estancamiento en el Legislativo también ha sido objeto de críticas por parte de sectores académicos, sociedad civil y expertos en derecho constitucional, quienes ven con preocupación cómo las instituciones llamadas a garantizar la legalidad están renunciando a sus responsabilidades o quedando atrapadas en cálculos políticos.
Legalidad en riesgo, elecciones en entredicho
Orellana advierte que permitir que actores políticos definan unilateralmente el rumbo de instituciones clave sin la intervención de los mecanismos legales adecuados podría convertirse en una práctica recurrente y profundamente lesiva para la democracia hondureña.
“La legalidad no puede ser sustituida por la voluntad de los funcionarios en turno”, han advertido también juristas consultados por diversos medios, señalando que el vacío de acción del MP y del Congreso en este caso específico representa un precedente altamente riesgoso para la institucionalidad.
Con el calendario electoral avanzando y sin señales de solución inmediata, los riesgos de una afectación directa al proceso democrático se vuelven cada vez más reales.
La ciudadanía, entre tanto, observa cómo se erosiona la confianza en los organismos responsables de garantizar elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley.
