- El exfiscal general exige que el oficial señalado por el jefe del Estado Mayor sea entregado al Ministerio Público y advierte que el caso no puede quedar impune.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exfiscal general de la República y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, calificó como “gravísimas” las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández, quien afirmó haber identificado al militar presuntamente involucrado en los retrasos del transporte de material electoral durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.
Según Hernández, se trata del mismo oficial que aparece en los audios atribuidos a una consejera del CNE y a un jefe de bancada del Congreso Nacional.
Para Orellana, el pronunciamiento del alto mando militar constituye la primera confirmación pública de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en los hechos que obstaculizaron el traslado del material electoral.
“Lo que ha expresado el jefe del Estado Mayor Conjunto es gravísimo. Por primera vez se reconoce que desde el seno de las Fuerzas Armadas hubo quien participó el 9 de marzo ordenando que los buses se aparcaran y dispersaran el material electoral. Eso es un atentado contra la democracia, la Constitución y la República”, sostuvo.
El jurista enfatizó que no basta con haber retirado al oficial de la línea de mando, como indicó el jefe castrense, sino que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.
“No se trata de marginarlo ni esconderlo por ahí. Si el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo está diciendo, entonces debe presentarlo al Ministerio Público. Este caso no puede quedar impune”, reiteró.
Orellana también señaló que Hernández previamente había negado la participación militar en el incidente, por lo que considera que este nuevo pronunciamiento representa un giro significativo.
“Es la primera vez que él lo reconoce públicamente. Y si además admite que el mismo militar está involucrado en los audios presentados por el fiscal general, el asunto se vuelve todavía más grave”, advirtió.
Asimismo, cuestionó la actuación del Ministerio Público, al señalar que hasta ahora se ha enfocado únicamente en investigar a los funcionarios vinculados al proceso de licitación de transporte, sin avanzar en esclarecer quién dio las órdenes para retrasar los buses y obstaculizar la entrega del material.
“Ya que el propio jefe de las Fuerzas Armadas lo ha reconocido, el Ministerio Público debe actuar de oficio. Si no lo hace, su silencio se convierte en una contradicción a la ley”, expresó.
Orellana cerró advirtiendo que permitir impunidad en este caso pondría en riesgo futuros procesos electorales: “Si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer”, dijo.
Las declaraciones del exfiscal reavivan el debate sobre la transparencia electoral y el rol constitucional de las Fuerzas Armadas, que están obligadas a obedecer las directrices del Consejo Nacional Electoral durante los comicios.
