FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Este jueves, el excanciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, justificó los nombramientos y ascensos que realizó durante su gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la polémica por el supuesto nombramiento de familiares cercanos, incluyendo a su esposa, a cargos diplomáticos.
Puntualizó que, desde el inicio del actual gobierno se realizaron alrededor de 700 incorporaciones en la Cancillería, de las cuales unas 200 correspondieron al servicio exterior y unas 500 al servicio interno.
Asimismo, dijo que, todos estos procesos se realizaron “de acuerdo con la ley”, a través de contratos, acuerdos y ascensos por escalafón.
Remarcó que, “el escalafón diplomático reconoce derechos que durante muchos años no fueron otorgados a personas con décadas de trabajo. Hay casos de empleados con 20 o 25 años de servicio que nunca fueron ascendidos, y en mi administración se le hizo justicia conforme a la ley”.
Refirió sobre el caso puntual de su esposa, “ella es una diplomática de carrera. La conocí en la Cancillería y tiene todas las cualidades profesionales. Lo único que se hizo fue reconocerle su trayectoria con el rango de embajadora. Además, no percibe salario ni trabaja actualmente en la Cancillería”.
A la vez, dijo que, el nombramiento de una sobrina suya, asegurando que se trata de una figura reconocida en el ámbito político y social, “es una persona vinculada a la lucha desde la resistencia. Tiene derecho a aspirar a un cargo público y su nombramiento no se dio por parentesco, sino por méritos y confianza”.
No obstante, reconoció que, efectivamente hubo ascensos e incorporaciones, pero rechazó que se trate de prácticas irregulares, “no hay ningún nombramiento ilegal. Todos pasaron por Servicio Civil y los procedimientos legales establecidos. Los cambios que realicé beneficiaron a más de 140 personas, de las cuales menos del 0.3 por ciento estaban bajo mi círculo de confianza directa”.
Concluyó que, las críticas como parte de una narrativa política, “fuimos parte de un proceso complejo, y quienes nos apoyaron en la lucha tienen derecho a ser considerados si cumplen con los requisitos. No se puede hablar de corrupción por tres personas en un universo de 800. Eso no refleja una política de mal manejo, sino una administración que reconoció derechos postergados”.