“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.
(RT en Español)- EE.UU. impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional, informó este 9 de octubre el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.
“El presidente [de EE.UU., Donald] Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, privándole de recursos y mermando su capacidad para funcionar”, afirmó, calificando a la entidad de “falsa”.
Según Rubio, ambos partidos, el Republicano y el Demócrata, están de acuerdo con Trump en imponer sanciones contra la CPI.
“O bien la CPI pone fin a sus amenazas, o bien acabaremos con la CPI. Y esperamos que nuestros aliados —muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa— pongan freno a este tribunal deshonesto”, añadió.
Además, Washington concedió a los países miembros de la Corte un plazo de 180 días para “demostrar avances significativos en las soluciones diplomáticas y jurídicas que aborden las preocupaciones fundamentales de EE.UU. en relación con la CPI”.
Por su parte, el Departamento de Tesoro de EE.UU. ha autorizado que se realicen algunas operaciones financieras con la CPI, que buscan mantener o suspender las actividades del tribunal hasta el 7 de abril. Asimismo, emitió una serie de licencias generales para no dañar los intereses estadounidenses, que autorizan ciertas transacciones y actividades. Así, se permite mantener las operaciones de la Corte durante 180 días, prestar servicios informáticos, gestionar el fondo de pensiones y llevar a cabo las operaciones relacionadas con los detenidos y reclusos.
- El mismo día, el Comité Noruego del Nobel concedió el Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza la Corte Penal Internacional, Navanethem ‘Navi’ Pillay.
Relaciones rotas
Las relaciones entre Washington y la CPI se rompieron después de que el tribunal emitiera en el 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país, Yoav Galant, que fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra en la Franja de Gaza.
En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva ofensiva en la lucha de la Administración del presidente Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) y declaró el inicio de una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal global.
Un nuevo recrudecimiento de las tensiones se produjo en agosto, cuando Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y a un fiscal vinculado a la investigación de presuntos crímenes cometidos por Israel durante la guerra en Gaza, Abdoulaye Seye.
En mayo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó a la CPI de actuar con un sesgo político y racial y juzgar únicamente a los líderes que resultan incómodos para los países occidentales. “Da la impresión de que esta misma Corte Penal Internacional tiene como tarea impedir que la así llamada minoría global, es decir, los líderes de los Estados occidentales, rinda cuentas, al tiempo que crea ante los ojos de la comunidad internacional una imagen persistente de que los dirigentes africanos están implicados en los delitos internacionales más graves, simplemente por su origen étnico”, declaró.
