- Iniciativa bipartidista busca frenar posibles intentos de manipulación electoral en noviembre; proponen sanciones para quienes atenten contra un proceso limpio
WASHINGTON/TEGUCIGALPA.
La desconfianza sobre el rumbo democrático de Honduras ha cruzado fronteras. Una iniciativa bipartidista ingresada en el Congreso de Estados Unidos busca establecer una estrategia oficial de monitoreo internacional para las elecciones generales hondureñas programadas para el 30 de noviembre de 2025.
La propuesta, H.R. 4202, fue presentada por la legisladora republicana por Florida, María Elvira Salazar, y recibió apoyo inmediato de varios congresistas tanto republicanos como demócratas, lo que revela la preocupación transversal del Congreso estadounidense ante lo que consideran señales de debilitamiento institucional en Honduras.
La medida fue turnada al secretario de Estado, Marco Rubio, y remitida a los comités de Relaciones Exteriores y Judicial para su análisis.
En esencia, la iniciativa busca que el Departamento de Estado implemente una estrategia para vigilar el proceso electoral hondureño, con el fin de garantizar que sea transparente, competitivo y libre de injerencias indebidas.
Sanciones para quienes socaven la democracia
Uno de los puntos más contundentes del proyecto es su llamado a sancionar con la revocación de visas estadounidenses a cualquier actor que intente alterar o deslegitimar el proceso electoral.
Esta advertencia está dirigida tanto a funcionarios como a particulares que sean identificados como obstáculos para el desarrollo de elecciones creíbles.
El texto legislativo también hace referencia a las preocupaciones por presiones políticas, judiciales y administrativas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente Cossette López y Ana Paola Hall, quienes han sido blanco de ataques y amenazas tras decisiones internas que, según algunos sectores, incomodan al oficialismo.
¿Por qué tanto interés?
Para el Congreso de EE.UU., el caso hondureño no es aislado. Responde a una creciente inquietud sobre el retroceso democrático en Centroamérica, donde, según sus análisis, algunos gobiernos buscan permanecer en el poder por medio del control institucional, persecución de la oposición y debilitamiento de órganos electorales.
La cercanía geográfica, los flujos migratorios y los compromisos en materia de seguridad regional hacen que la estabilidad democrática en Honduras sea de interés estratégico para Washington, especialmente en un año clave para ambos países.
Elecciones bajo tensión
Los comicios del 30 de noviembre serán determinantes: los hondureños deberán elegir presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes municipales. Pero, más allá de la jornada electoral, el verdadero desafío será asegurar que el proceso sea justo y refleje la voluntad popular.
La propuesta estadounidense llega en un contexto de alertas internas sobre falta de transparencia, pugnas dentro del órgano electoral y sospechas sobre el uso de recursos estatales para fines políticos.
¿Monitoreo o presión extranjera?
Mientras algunos sectores nacionales ven con buenos ojos la posible supervisión internacional, otros lo consideran una forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de Honduras.
Lo cierto es que, de concretarse esta medida, sería un mensaje claro de que la comunidad internacional no está dispuesta a tolerar retrocesos democráticos en el país.
