El gobierno de Estados Unidos impuso el viernes restricciones a 100 funcionarios municipales en Nicaragua “por su apoyo a los ataques del régimen” del presidente Daniel Ortega en contra de organizaciones de derechos humanos, informó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
El Departamento de Estado enumeró las últimas acciones del gobierno de Ortega en contra de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) ; así como del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE): ambos fueron clausurados y tuvieron sus edificios confiscados por supuestas ilegalidades.
“Quienes participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien a su vez reiteró el llamado a la liberación del obispo Rolando Álvarez, detenido desde más de un año por el gobierno de Daniel Ortega.
“Estados Unidos continúa trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, citado en el comunicado.
Más de 1.000 restricciones de visas a funcionarios nicaragüenses
Según el Departamento de Estado, a la fecha se han impuesto restricciones de visas a más de 1.000 funcionarios nicaragüenses involucrados en abusos a los derechos humanos, represión de voces independientes y actos de corrupción.
En ese sentido, investigadores centroamericanos coinciden en que se debe seguir presionando al gobierno de Managua a través de sanciones más estratégicas, pues hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no ha cedido a las presiones de Estados Unidos que demanda el restablecimiento de la democracia.
“Estamos hablando de sanciones hacia individuos, entidades y ciertos sectores, de esta manera, afectando a personas a cargo de violaciones de derechos humanos, a nivel internacional, sin tener un impacto generalizado hacia la población, pero se debe seguir presionando», dijo a la VOA, Julio Martínez, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto.
“Se han utilizado solamente de manera específica para limitar el impacto a la ciudadanía”, sostuvo Martínez, al explicar que la decisión de Estados Unidos de aplicar sanciones individuales y no un bloqueo económico tiene un objetivo.
Las sanciones contra funcionarios e instituciones no han golpeado al gobierno nicaragüense de la forma esperada pues, a criterio del investigador Manuel Orozco, el aparato estatal se sostiene de otras entidades que no han sido sancionadas.
“Son aquellos sectores operativos que garantizan la sostenibilidad del régimen, como es la Unidad de Análisis Financiero, como es también el Banco Central mismo, y también el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional que son, predominantemente los que se han convertido en la fuerza política y militar que está cuidando al régimen de Ortega en este momento”, dijo Orozco a la VOA.
