TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Este lunes, se conocieron los primeros puntos salientes del informe Human Rights Report 2022, elaborado por el Departamento de Estado de EEUU.
En el documento, los funcionarios estadounidenses señalaron que las autoridades hondureñas no implementaron la ley de manera efectiva y que los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad.
De igual forma indicaron que “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental”.
Presentado por Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de EEUU, el escrito analiza la actualidad en materia de derechos humanos de cada país que forma parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Sobre Honduras resalta que el 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción.
En el informe, también se destaca que cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersex.
También relata que el gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas.
Detalla que los grupos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales y abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables.
El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada.
Entre tanto, expone las condiciones deplorables de los centros panitenciarios del país.
«Los reclusos padecían hacinamiento grave, desnutrición, falta de saneamiento y atención médica adecuados y, en algunas prisiones, falta de ventilación e iluminación adecuadas. El Instituto Nacional Penitenciario informó que al 13 de octubre la población carcelaria total era de 19.619 en 25 cárceles y un centro de detención».
«Según CONAPREV, el sistema fue diseñado para aproximadamente 13.000 internos. Siguieron siendo comunes los largos períodos de detención preventiva, con muchos detenidos en prisión preventiva recluidos con presos condenados. Casi el 46 por ciento de las personas encarceladas estaban en prisión preventiva», relata el informe.
Aquí el informe integro:
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/honduras/
