- A mitad de año, el 42 % del presupuesto general se ha ejecutado, lo que representa desafíos que limitan el acceso oportuno a servicios a la población.
- La inversión (bienes capitalizables) continúa siendo un desafío con 23% de ejecución.
- En un contexto electoral, el riesgo de desvío y uso partidario de fondos públicos aumenta significativamente, en detrimento del bienestar común y la confianza ciudadana.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó este jueves que la asignación y ejecución del Presupuesto General de la República 2025 refleja una priorización de intereses políticos sobre las verdaderas necesidades de la población hondureña, con graves recortes en áreas clave como salud, educación y vacunas.
El análisis, basado en datos oficiales de la Secretaría de Finanzas y solicitudes de información, apunta que el presupuesto aumentó un 5.8 % respecto a 2024 y un 49 % respecto a 2021, pero el 88 % de los fondos se destina a sueldos, deuda y transferencias, mientras 10 de 113 instituciones públicas concentran 8 de cada 10 lempiras ejecutado.
El informe señala que las instituciones sociales clave han sido relegadas. La Secretaría de Salud recibió apenas un aumento del 0.5 %, y sufrió recortes por L 353 millones en su presupuesto total durante 2025, L 528 millones en medicamentos y L 373 millones en vacunas. A junio, sólo ha ejecutado el 39.7 % de su presupuesto total, incluyendo apenas el 27.2 % en medicamentos y 0 % en vacunas.
En el caso de la Secretaría de Educación, el incremento presupuestario fue de apenas 5 %, y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia sufrió una reducción de 18%.
En contraste, instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Planificación Estratégica vieron aumentos del 101% y 100%, respectivamente. Esta última ha destinado el 40 % de su presupuesto a sueldos y el 93 % a publicidad e imprenta.
El análisis también muestra un aumento de más de L 1,100 millones en el presupuesto de la Secretaría de Defensa, incluyendo L 400 millones para equipo militar y L 85 millones destinados al proceso electoral.
En el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pese a sus deficientes resultados y altos niveles de pérdidas, aumentó en 86 % su presupuesto para el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, destinando casi el 90 % de esos recursos a sueldos y salarios.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabeza la ejecución entre las instituciones de desarrollo social, destinando el 74 % de su presupuesto a transferencias y donaciones. Estos recursos provienen de los L 2,850 millones aprobados por el Congreso Nacional para gasto social, de los cuales se han ejecutado L 1,451 millones hasta junio de 2025. Del total ejecutado, el 59 % ha sido canalizado a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, el 23 % mediante el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el 17 % por Sedesol. En este contexto, recientes denuncias de corrupción evidencian el incremento del riesgo de uso partidario y desvío de fondos públicos en año electoral, favoreciendo a candidatos oficialistas y profundizando la corrupción, en detrimento del bienestar colectivo y la confianza ciudadana.
En consecuencia, ASJ reitera la urgencia de profesionalizar la gestión pública y garantizar la transparencia y participación ciudadana en el uso de los recursos públicos, para que cada lempira invertido realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Entre las recomendaciones destacan: priorizar la inversión en salud, educación e inclusión social, contener el crecimiento de la masa salarial y reducir el clientelismo, disminuir el gasto militar excesivo, regular y transparentar las modificaciones presupuestarias, exigiendo justificaciones técnicas para prevenir desvíos arbitrarios y posible uso político de los fondos.
